$428 mil bajo la lupa: exsubdirectora de la DGI queda presa provisionalmente
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Más de $428 mil que, según la Fiscalía, no pudieron ser justificados terminaron llevando a la exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña González, a una detención provisional por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
La medida fue ordenada por una jueza de garantías durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, luego de que el Ministerio Público presentara los resultados de una investigación patrimonial.
La fiscal Anticorrupción Azucena Aizpurúa sostuvo que la investigación permitió establecer movimientos financieros que, a juicio de la Fiscalía, no tendrían una justificación legítima por un monto de $428,287.13.
El Ministerio Público fundamentó parte de su argumento en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó diferencias entre los recursos de origen conocido y los movimientos financieros analizados.
La investigación incluyó el análisis de tres cuentas bancarias a través de las cuales se habrían realizado alrededor de 1,107 transacciones.
Según la Fiscalía, entre los movimientos examinados figuran transferencias y desembolsos entre diferentes cuentas, además de operaciones relacionadas con bienes y otros recursos financieros.
Ureña González también habría mantenido dos cuentas de ahorro, dos préstamos hipotecarios y una tarjeta de crédito, elementos que fueron incorporados al análisis financiero presentado durante la audiencia.
Otro de los puntos expuestos por la Fiscalía fue la relación de la exfuncionaria con dos fundaciones, identificadas como Miramar y Dorimar. En una de ellas, según la investigación, Ureña González aparecía como firmante.
El nombre de Luis Alberto Acevedo también apareció durante la audiencia. Según la Fiscalía, Acevedo, quien figura como tesorero de una de las fundaciones, es hijo de Ureña González.
La Fiscalía sostuvo además que el patrimonio de la exsubdirectora registró un incremento que, según su tesis, se extendió incluso hasta un año después de que dejara de ejercer como funcionaria pública.
Aizpurúa explicó que algunos de los bienes investigados habían sido adquiridos antes de que Ureña González ocupara la subdirección de la DGI. Sin embargo, la Fiscalía llamó la atención sobre abonos extraordinarios efectuados durante el período en que desempeñó ese cargo.
Para el Ministerio Público, parte de los movimientos financieros investigados podrían corresponder a mecanismos destinados a introducir y movilizar dinero mediante diferentes cuentas para otorgarle una apariencia de legalidad.
La fiscal hizo referencia durante la audiencia al denominado “pitufeo”, una modalidad de blanqueo de capitales que consiste en fragmentar operaciones para evitar los reportes establecidos por el sistema financiero.
Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza ordenó la detención provisional de Ureña González al considerar acreditados los riesgos procesales alegados por la Fiscalía, entre ellos peligro de fuga y posible afectación de medios de prueba.
La defensa apeló la medida y se fijó para el 12 de octubre la audiencia ante el Tribunal de Apelaciones.