Ministerio Público pretende desconocer facultades legales de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en caso de diablos rojos
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El Ministerio Público busca desconocer principios de orden constitucional al pretender ignorar las facultades legales que tienen algunas autoridades como la del tránsito en regular y organizar el sistema a de transporte, aseguró el abogado Ángel Calderón.
Esa es la conclusión del jurista, tras varias semanas de iniciada la audiencia contra 543 implicados en el caso de compensación de buses diablos rojos, por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública, en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Calderón quien defiende a tres imputados explicó que a la ATTT le corresponde dictar las pautas conforme al mandato constitucional, pero la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha querido desconocer esta autoridad.
Según Calderón la PGN incluso pretende desconocer que ya existe prescripción en muchos de los casos que se ventilan en la audiencia.
“Más del 80 por ciento de los procesados cumplieron con las formalidades ya que se indemnizaba el certificado de circulación o cupo”, aseguró.
Explicó que si terceras personas usaron esos certificados para cobrar dos veces es una cosa muy distinta al proceso en donde metieron a muchas personas y sobre la base de un perjuicio al Estado, cuya primera auditoría no reflejó los millones que el entonces presidente Juan Carlos Varela obligó a la Contraloría General de la República poner como lesión patrimonial.
Por su parte, la abogada Nora Santa precisó que difícilmente la fiscalía logrará su objetivo porque durante la semana de alegatos demostró que no conoce cómo se dio la compensación ni la forma de funcionar internamente la ATTT.
“Es una gran injusticia lo que está haciendo la fiscalía al solicitar el llamamiento a juicio para las 543 personas que participaron supuestamente de la compensación”, destacó la abogada.
Según Santa, la Fiscalía estableció acusar a 543 personas, sin considerar a todas las compensaciones que están por encima de los 1,500. “Entonces dónde están las otras o es que las otras se hicieron bien” preguntó la jurista.
Santa tildó esta audiencia de ser un “monstruo de veinte cabezas”, exagerada y en donde no debieran estar todos los que están siendo señalados.
Esta semana los abogados de oficio terminarán su participación y de inmediato, empezarán los defensores particulares en 0rden alfabético.
La Fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea dijo que la lesión patrimonial asciende a 24 millones de dólares, suma que fue cobrada a pesar de que el autobús se encontraba dañado, tenía cupo, pero no se encontraba funcionando.
Hormechea dijo a la sazón que se detectó una cantidad considerable de beneficiarios que recibieron una indemnización de más de 75 mil dólares y otros que fueron indemnizados a pesar de que el vehículo no estaba circulando.
Los acusados enfrentan el Delito Contra la Administración Pública en Diferentes Formas de Peculado, en audiencia que se extenderá hasta 13 de mayo, debido a la gran cantidad de imputados.
Este proceso penal consta de 683 tomos y la asistencia legal de los imputados está a cargo de 238 Defensores Técnicos Particulares; además de 20 Defensores Públicos, designados por el Tribunal, con la finalidad de que ejerzan la representación legal de los imputados, en el evento que no asistan sus abogados particulares.