Defensor del Pueblo emite recomendaciones sobre migrantes deportados a Panamá
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Defensoría del Pueblo de Panamá, a través de su titular Eduardo Leblanc, emitió una serie de recomendaciones a las autoridades panameñas tras la llegada de personas migrantes deportadas desde Estados Unidos.
Desde que se tuvo conocimiento de la situación este fin de semana, la Defensoría activó un equipo técnico que brindó acompañamiento en el lugar donde se hospedan los migrantes para constatar el respeto a sus derechos humanos.
“Como Defensoría del Pueblo, hemos formulado recomendaciones a las autoridades en función de las obligaciones de Panamá en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de nuestra normativa nacional”, expresó Leblanc.
Entre las recomendaciones clave se encuentran:
Regularización Temporal del Estatus Migratorio: Se sugiere que el Servicio Nacional de Migración emita una resolución que establezca el estatus de estas personas mientras se define su repatriación o reasentamiento, garantizando su derecho a la protección.
Garantizar el Derecho a la Protección Internacional: Se insta a que los migrantes que soliciten la condición de refugiados sean atendidos conforme al procedimiento establecido por la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR).
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): Se enfatiza la necesidad de garantizar la seguridad y bienestar de menores de edad, asegurando su acceso a educación, salud y protección contra cualquier riesgo de separación familiar.
Verificación de Vínculos Familiares: Para prevenir casos de trata de personas, se recomienda confirmar la relación parental de los NNA acompañados.
Mejora en los Procedimientos de Recepción de Migrantes: Se propone implementar un protocolo estandarizado para la recepción de vuelos de repatriación, con la participación de la Defensoría, SENNIAF y organismos internacionales, asegurando asistencia legal y respeto a los derechos humanos.
Leblanc reiteró el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la protección de los derechos fundamentales de todas las personas en el territorio panameño. “Es nuestra responsabilidad velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, concluyó.