Javier Collins Agnew  / La Verdad Panamá
El exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, y el empresario Temístocles Rosas rechazaron el llamado a huelga indefinida, paralización que afecta el funcionamiento del país, advirtiendo las graves consecuencias para la educación y la economía.
Cañizales subrayó que “la huelga debe ser el último recurso de presión que se utilice; no podemos perder la capacidad de dialogar”. 
Recalcó que los centros escolares son “templos sagrados del conocimiento” y que no se puede detener el aprendizaje, ya que esto impacta directamente los logros educativos y promueve deficiencias académicas al no cumplir con el programa del año.
Según el exministro, las pérdidas de clases tienen repercusiones significativas en los estándares de admisión de la Universidad de Panamá. 
“De esta premisa depende que las carreras que estudian los de escasos recursos, que solo tienen la opción de aplicar a esta universidad, no logren cumplir los requisitos para ganar un cupo, debido a que no tienen las competencias académicas necesarias exigidas por esta institución”, explicó.
Añadió que carreras como Medicina, Psicología, Ingeniería o Arquitectura son ocupadas mayoritariamente por estudiantes de escuelas particulares donde no se paralizan las clases. 
“Las universidades oficiales deben ser por excelencia aquellas que respondan a la sociedad”, indicó.
Cañizales alertó que a Panamá le tomará al menos once años volver al nivel académico que tenía en 2019. 
Asimismo, lamentó que los estudiantes panameños estén obteniendo bajos resultados en pruebas nacionales e internacionales, con serios problemas en lectoescritura, al punto de graduarse sin comprender lo que leen.
“Hago un llamado a la reflexión porque los afectados serán justamente los más vulnerables. Comprendo la situación, pero no la justifico. Los estudiantes no pueden estar en el medio de esta batalla”, concluyó.
Por su parte, el  ex presidente del CoNEP,  Temístocles Rosas afirmó que “cualquier paro de labores es contraproducente para la economía del país”. 
En el caso del paro docente, señaló que el primer efecto es para los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual va en contra de los esfuerzos por mejorar la educación en Panamá.
También se refirió al llamado a huelga del sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs). “Esto también es un paso negativo para la economía. Se pretende que la construcción se dinamice y genere más empleos, y acciones como estas solo van es en contra de los mismos trabajadores y la sostenibilidad de los empleos en esta actividad”, expresó.
Ambos coincidieron en hacer un llamado a la reflexión. “Las medidas de presión no deben seguir afectando nuestra economía ni comprometiendo la estabilidad social. Panamá necesita un ambiente de paz con el cual seguir adelante”, sentenció Rosas.
Los gremios docentes  a nivel nacional inician  hoy una  huelga general indefinida. Señalaron  en conferencia de prensa  que  están convocando a todos los educadores  a los diferentes  bastiones de lucha a nivel nacional    en rechazo a la ley de  la Caja de  Seguro Social, por  el embalse de Río Indio, por la soberanía  del país  y por la reapertura  de la mina.
Agregaron que  la huelga  también obedece  al mal estado de los centros educativos, ya que el 30%  de los  planteles  en la ciudad  capital están en malas condiciones  y  a nivel nacional  un 80 por ciento se encuentran  en pésimas  condiciones.
Afirman  que no regresarán a las  aulas hasta  que  que no se derogue  la ley 462 de la  Caja de  Seguro Social.

Habla dirigente docente

El dirigente Humberto Montero, vocero de Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), justificó la medida alegando que «más de veinte organizaciones magisteriales» tomaron la decisión el pasado 5 de abril, tras evaluar lo que consideran un «balance exitoso» del paro del 4 de abril.

Montero señaló que el Ministerio de Educación mintió al decir que el 80% de los planteles trabajaron con normalidad durante esa jornada.

Pero más allá de discursos, la nueva paralización afecta directamente a los estudiantes, especialmente a los más vulnerables, que pierden valiosas horas de clase y retroceden en su proceso de aprendizaje.

Mientras se habla de soberanía, embalses y empresas mineras, el derecho a la educación, consagrado en la Constitución, queda una vez más relegado.

Montero arremetió también contra la Ley 462, calificándola como “una pensión de hambre”, pero sin ofrecer propuestas concretas de reforma al sistema previsional.

El dirigente hizo alusión a otros temas como la reactivación de la mina o la presencia de funcionarios estadounidenses.

La huelga no solo representa una afectación para padres de familia que hacen sacrificios por llevar a sus hijos a la escuela sino que también refleja una desconexión entre algunos sectores de la dirigencia docente y la realidad que viven los estudiantes en los salones de clases.