Violencia y vandalismo deben ser sancionados sin ambigüedades en estado de emergencia en Bocas del Toro
Javier Collins Agnew – La Verdad Panamá
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, advirtió que la declaratoria de estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro constituye un hecho sin precedentes en la era democrática del país, al reconocer mediante decreto la pérdida de control institucional por parte del Gobierno Nacional.
“Este decreto marca un evento histórico. Es la primera vez en democracia que se recurre a una herramienta tan agresiva para retomar el control de una provincia”, expresó Araúz.
Según el jurista, esta decisión conlleva consecuencias profundas para los derechos fundamentales, y exige que la fuerza pública actúe con máxima proporcionalidad, prudencia y documentación de cada acción.
El uso de la fuerza debe ser técnico, medido y transparente
Araúz enfatizó que, aunque el decreto suspende garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la defensa y la prohibición del apremio corporal, esto no significa que la Policía tenga carta blanca para actuar sin límites.
“La Policía Nacional tiene la responsabilidad de mantener intactos sus protocolos de uso de la fuerza y armas, aun con las garantías suspendidas. Cada actuación debe estar documentada en caso de ser sometida al control posterior de la Corte Suprema de Justicia”, explicó.
En ese sentido, alertó que el riesgo más grave sería que este estado de emergencia se convierta en “una puerta hacia la arbitrariedad”, por lo cual reiteró que las actuaciones deben obedecer a criterios técnicos, legales y de inteligencia, no a impulsos o represalias.
Sin plan estratégico, el decreto es inútil
Para Araúz, declarar el estado de emergencia sin acompañarlo de un plan claro para recuperar la institucionalidad en Bocas del Toro es una fórmula incompleta.
Señaló que el Gobierno tiene la obligación de informar a la población de forma pedagógica sobre los parámetros que llevaron a esta decisión, distinguiendo entre protestas legítimas y actos delictivos.
“De nada sirve el decreto si no hay una estrategia clara de recuperación institucional. Se necesita inteligencia, no solo fuerza. Además, la ciudadanía debe entender qué motiva esta declaración, porque si solo el Gobierno central maneja la información, hay un vacío que favorece la desconfianza”, expresó.
Protesta sí, caos no
El abogado fue enfático en señalar que el derecho a disentir debe mantenerse incluso en tiempos excepcionales. No obstante, diferenció la protesta pacífica de la violencia y el vandalismo, que deben ser sancionados sin ambigüedades.
“La protesta es legítima y debe ser alentada, pero no puede confundirse con actos que buscan fracturar el orden constitucional. Las autoridades deben saber distinguir entre quienes disienten de forma democrática y quienes tienen otros fines”, dijo.
Araúz también planteó la necesidad de encontrar salidas al conflicto social mediante el diálogo y la humildad política. Advirtió que no se puede seguir profundizando la división entre ciudadanos y autoridades.
“La crisis no se resuelve con rigidez ni soberbia”
Consultado sobre posibles caminos para desescalar la crisis, el constitucionalista lamentó la postura del Ejecutivo de cerrar la puerta a cualquier reforma a la Ley 462, eje central de las protestas, especialmente del sector docente. A su juicio, mientras no haya acercamientos sinceros entre las partes, la situación solo se agravará.
“El ejercicio del poder implica humildad. Si el Gobierno no escucha y los manifestantes no ceden, el país queda atrapado en el estancamiento. El conflicto político no se resuelve en los tribunales, se resuelve hablando”, recalcó.
Araúz concluyó haciendo un llamado a la responsabilidad de todos los sectores: “Este es un momento en que el país requiere equilibrio. Las autoridades tienen herramientas fuertes en la Constitución, pero su uso debe estar guiado por el compromiso con la democracia y la paz social”.
Foto EFE