“El perdón no basta”: exigen verdad, justicia y reparación por abusos sexuales en la Iglesia
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El reconocimiento de 37 denuncias relacionadas con posibles abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica panameña durante los últimos 25 años provocó una fuerte reacción entre dirigentes defensoras de los derechos de las mujeres y de las víctimas de delitos sexuales, quienes reclamaron verdad, atención especializada, reparación y que los casos sean puestos en conocimiento de las autoridades.
Lorena González, defensora de los derechos de la mujer frente a los abusos sexuales, consideró que reconocer la existencia de estas denuncias constituye un primer paso para aceptar una realidad que, a su juicio, no puede ser ocultada.
“Reconocer que existen esas denuncias es un primer paso para aceptar que es una cruel realidad que no se debe tapar con el manto de la Iglesia”, manifestó González, quien sostuvo que corresponde a las autoridades investigadoras determinar cuántas denuncias relacionadas con iglesias han sido identificadas.
La dirigente también puso el foco en las víctimas y reclamó que reciban atención inmediata por parte de personal especializado, no solamente para tratar las consecuencias físicas de los abusos, sino también las heridas emocionales que pueden permanecer durante toda la vida.
“Se les debe atender con prontitud, por personal especializado que no solo trate sus heridas físicas, también las emocionales”, afirmó González, quien consideró necesario brindarles afecto, cuidados y acompañamiento.
Para González, la Iglesia debe responder con transparencia, comunicar oportunamente los casos a las autoridades y facilitar las investigaciones. “Justicia tardía no es justicia y esta no se consigue con arrepentimiento”, advirtió.
La defensora también cuestionó la respuesta de la institucionalidad encargada de proteger a los menores y pidió una mayor participación de la sociedad frente a los delitos sexuales. A su juicio, las denuncias deben presentarse incluso de manera anónima cuando existan sospechas o conocimiento de estos hechos.
González insistió además en la necesidad de fortalecer la prevención y, especialmente, de garantizar la certeza del castigo para quienes cometan este tipo de delitos.
En la misma línea, la dirigente feminista Itzel Torres sostuvo que el reconocimiento de los casos y una petición de perdón no son suficientes para reparar el daño causado a quienes fueron víctimas de abusos durante su niñez.
“El daño está hecho y no basta pedir perdón”, afirmó Torres, al señalar que las consecuencias psicológicas de los abusos no desaparecen con una disculpa y que quienes fueron afectados necesitan que se resarza el daño sufrido.
Torres también preguntó qué ha ocurrido con los miembros de la Iglesia señalados en estos casos y planteó interrogantes sobre si han enfrentado las consecuencias judiciales correspondientes. “¿Dónde están esos miembros de la Iglesia Católica? ¿Están en La Joya, están en La Joyita, están pagando penas?”, cuestionó.
La dirigente indicó que prefería no continuar con la entrevista porque sus cuestionamientos hacia la Iglesia serían “bien duros”, por lo que decidió no ampliar sus declaraciones.
37 denuncias en 25 años
Las declaraciones de las dos dirigentes surgen después de que la Arquidiócesis de Panamá reconociera 37 denuncias relacionadas con posibles abusos sexuales ocurridos entre 2001 y 2025, tras una revisión de sus archivos realizada por una Comisión de Transparencia. De ese total, 24 correspondían directamente a la Arquidiócesis de Panamá.
De acuerdo con la información presentada por el padre Jordi Pujol, integrante de la comisión encargada de la revisión, nueve de las denuncias involucraban a menores de edad, mientras que otras 11 correspondían a personas adultas consideradas en situación de vulnerabilidad.
El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, quien solicitó la realización del estudio, reconoció el sufrimiento causado y pidió perdón a las víctimas en nombre de la Iglesia. También admitió que hubo situaciones en las que la respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban.
De las denuncias revisadas durante esos 25 años, cinco terminaron en condenas y con la separación total de la Iglesia de las personas responsables, según detalla el informe.