Mujeres exigen cadena perpetua tras un nuevo femicidio en el interior
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
En el interior del país, donde otra vez una vida fue arrancada por la violencia machista, organizaciones de mujeres y familiares de víctimas alzan la voz con una demanda que crece en intensidad: imponer cadena perpetua para los autores de femicidio.
El reciente asesinato de una joven, crimen cuyos detalles aún investiga el Ministerio Público, reavivó la exigencia de castigos máximos y medidas que garanticen que el último eslabón de la violencia no quede sin una sanción proporcional a su brutalidad.
“Fue un atroz crimen contra una mujer y como tal debe ser juzgado”, afirma Lorena González, activista pro derechos de la mujer, cuya voz recoge la indignación de colectivos que consideran que las penas actuales y los mecanismos procesales no alcanzan para prevenir la repetición de estas tragedias.
González denuncia además que los acuerdos de pena y las salidas alternativas permiten grietas de impunidad: “No hay certeza de castigo. El asesino tiene derecho a todas las garantías mientras que la difunta perdió todo; incluso en su ausencia el fiscal realiza un acuerdo de pena”.
La demanda no surge en el vacío: en los últimos días un anteproyecto presentado en la Asamblea Nacional propone precisamente elevar la sanción máxima para homicidios cometidos con extrema crueldad, lo que ha reavivado el debate público sobre si la cadena perpetua sería una respuesta eficaz y proporcional ante la deshumanización de ciertos crímenes.
Para muchas activistas, esa iniciativa legislativa debe traducirse en normas que protejan a las mujeres y disuadan la violencia, no solo en discursos.
Itzel Torres, defensora de los derechos de la mujer, resume la desesperación cotidiana: “La boleta de alejamiento no protege para nada. El papel no protege ni de bala ni de cuchillo.”
Torres recuerda intentos previos como los proyectos de brazaletes electrónicos y programas de protección, que, a su juicio, no se implementaron con la celeridad ni la cobertura necesaria para salvar vidas.
“El femicidio es el último eslabón del ciclo de violencia; antes hay golpes, amenazas, control psicológico. Si no actuamos antes, la sociedad paga con vidas”, enfatiza.
Las cifras oficiales subrayan la magnitud del problema y alimentan la urgencia del reclamo: los reportes y estadísticas del Ministerio Público documentan una alarmante recurrencia de casos de violencia letal contra mujeres en diversas provincias.
Para las defensoras de las mujeres, la única forma de garantizar la certeza del castigo es endurecer las sanciones y reformar los procedimientos que permiten acuerdos reducidos en delitos de extrema violencia.
Las voces de las organizaciones coinciden en varios puntos concretos:
Exigir a la Asamblea Nacional que considere la cadena perpetua para femicidios calificados por ensañamiento o extrema crueldad, sin excepciones que permitan atajos procesales.
Eliminar o restringir drásticamente los acuerdos de pena en casos de violencia de género grave para evitar sentencias que la sociedad perciba como injustas;
Restaurar y dotar de recursos a la policía especializada en violencia contra la mujer y a programas de protección (brazaletes, refugios, seguimiento);
Implementar educación obligatoria en igualdad de género, derechos humanos y prevención de la violencia en la malla curricular escolar.
El debate no está exento de controversia.
Juristas y organizaciones de derechos humanos advierten que la prisión perpetua plantea desafíos constitucionales y de derechos humanos, incluyendo la posibilidad de recursos internacionales, por lo que piden cautela y un análisis técnico riguroso antes de adoptar cambios sustantivos en el Código Penal.
Sin embargo, para muchas mujeres afectadas por la violencia, la prioridad inmediata es la prevención efectiva y la garantía de que quien mate a una mujer pague con la pena máxima y sin atajos.
En la localidad donde ocurrió el último femicidio, la comunidad ha convocado vigilias y marchas, mientras las organizaciones anunciaron que llevarán la demanda de cadena perpetua a la calle, si es necesario.
“Como sociedad tenemos que alarmarnos ante tanta atrocidad, no nos acostumbremos”, dice González, y su frase se convierte en un pulso: o se actúa con medidas contundentes, o la lista de nombres y lágrimas seguirá creciendo.
La Verdad Panamá continuará el seguimiento del caso y del debate legislativo que podría cambiar el marco penal del país.
Mientras tanto, las mujeres organizadas insisten: no solo piden castigo, piden prevención, protección real y la certeza de que ningún acuerdo burocrático maquille la impunidad.
La pregunta que queda flotando en la angustia colectiva es directa y cortante: ¿quién responderá por las vidas que se apagan por violencia de género y qué hará el Estado para que no vuelva a suceder?