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Exdiputado de Coclé frustra inspección fiscal al dejar crecer la maleza en su finca

Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá

El exdiputado coclesano Daniel Ramos Tuñón volvió a quedar bajo el reflector judicial, esta vez por obstaculizar una diligencia de la Fiscalía en su finca, ubicada en el distrito de La Pintada.

Según denunció el abogado José Antonio Moncada, representante de la parte querellante, la inspección tuvo que ser reprogramada luego de que la propiedad fuera “intencionalmente abandonada” hasta el punto de que la maleza impidiera identificar los puntos, linderos y promontorios necesarios para el trabajo de los peritos.

Moncada sostuvo que Ramos Tuñón, acusado de varios delitos que incluye falsedad y usurpación de tierras, había sido notificado desde hacía meses sobre la diligencia, pero aun así dejó que el terreno creciera descontroladamente, imposibilitando el trabajo de la Fiscalía.

“Tenía la obligación de facilitar la inspección, y lo que hizo fue exactamente lo contrario”, señaló el abogado.

La acusación

El proceso contra el exdiputado inició luego de que supuestamente fingiera la identidad del propietario de un terreno contiguo, alterando puntos de colindancia para beneficiarse, a pesar de que, según la querella, el verdadero dueño es Manuel Esteban Mosquera, hoy cliente de la firma Moncada Abogados.

El abogado asegura que, además de la presunta usurpación y falsedad, Mosquera habría sido amedrentado directamente mediante intermediarios vinculados a Ramos Tuñón.

Una finca de B/.600 que terminó hipotecada por B/.102,000

La carpeta del caso incluye documentos del Registro Público que, según Moncada, muestran que Ramos Tuñón adquirió la finca en B/.600 y poco después la hipotecó por B/.102,000 con Metrocredit, S.A. Posteriormente, ese crédito fue cedido a Central Financiera en un plazo aproximado de dos años.

Para la parte querellante, estas transacciones deben ser revisadas con atención por otras entidades del Estado.

“Justicia selectiva”

Moncada comparó el trato recibido por su cliente con la celeridad aplicada recientemente en el caso de un influencer investigado por lavado de dinero y estafa, donde la audiencia fue organizada en cuestión de días.

“A un influencer lo sentaron rápido; pero a un exdiputado del PRD le permiten jugar con la verdad sin siquiera llevarlo a audiencia”, cuestionó.

El abogado añadió que la Contraloría General de la República debería tomar nota de lo que describe como hechos con “apariencia de irregularidades”, especialmente por la conducta previa de fingir un propietario y generar un proceso civil sin la presencia del verdadero dueño.

La Fiscalía deberá ahora reagendar la inspección, mientras la maleza y las dudas siguen creciendo en la finca del exdiputado.