Itzel Torres: “No cualquiera puede trabajar con niños” tras malos tratos en CAI de Tocumen

Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá

Las denuncias que rodean al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, vinculado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), siguen provocando reacciones más allá del ámbito judicial.

Esta vez fue Itzel Torres, dirigente del Movimiento Pro Mujeres y exdirectora del sistema penitenciario, quien puso el foco en quienes dirigen y trabajan en los albergues que atienden a niños, niñas y personas en condición de vulnerabilidad.

Torres sostuvo que en Panamá se habla mucho de derechos, pero poco de los filtros reales que deben existir para permitir que una persona tenga contacto directo con menores.

“Cuando tenemos este tipo de centros, lo primero que hay que ver es quiénes los van a administrar y quiénes van a trabajar allí. No cualquier persona puede estar con niñas que están creciendo, con niños o con adultos con discapacidad”, afirmó.

Para la activista, el problema no es solo estructural, sino humano. A su juicio, muchos albergues terminan operando como fuentes de ingreso y no como espacios de protección integral.

“Esto no es un negocio. Si alguien entra pensando solo en el salario, ahí empieza el riesgo. Estamos hablando de personas que no siempre pueden defenderse ni decir lo que les pasa”, advirtió.

Personal bajo lupa

Torres recalcó que el control debe abarcar a todo el personal, sin excepciones.

“Desde el que dirige hasta el que barre tiene que pasar evaluaciones psicológicas, pruebas de idoneidad y verificación de antecedentes. Hay que saber si esa persona está en condiciones de trabajar con niños y poblaciones vulnerables”, señaló.

Explicó que los menores y adultos mayores suelen ser blanco fácil de manipulación cuando no existe una supervisión permanente.

“Un niño puede ser presionado, convencido o comprado para que se calle. Esa es la realidad. Por eso el filtro no puede ser solo un papel, tiene que ser real”, expresó.

Experiencias que no se pueden repetir

La dirigente del Movimiento Pro Mujeres recordó que Panamá ya ha vivido episodios graves en centros de atención infantil, donde la falta de control institucional terminó en negligencias, cierres y procesos administrativos.

“Cada cierto tiempo escuchamos que en un centro   hubo maltrato. Eso pasa porque no se revisa bien quién entra a trabajar ahí ni cómo se supervisa”, indicó.

A su juicio, el caso del CAI de Tocumen debe servir para revisar de fondo el sistema de atención integral y no limitarse a una reacción coyuntural.

“No puede ser que solo actuemos cuando estalla un escándalo. Esto tiene que ser permanente: inspecciones, evaluaciones, seguimiento”, sostuvo.

Responsabilidad de operadores y Estado

Torres enfatizó que la responsabilidad no recae únicamente en el trabajador de turno, sino también en quienes administran los centros y en el propio Estado.

“Las empresas, las juntas directivas y el Estado tienen que responder. El que falla tiene que pagar. Aquí no se puede proteger a nadie”, manifestó.

Agregó que la supervisión no debe ser simbólica.

“No es una visita para la foto. Es revisar condiciones, trato, alimentación, salud, estado emocional y ver si realmente se está cumpliendo la función de protección”, dijo.

Aunque el debate surge por la situación del CAI de Tocumen bajo la órbita de SENNIAF, Torres subrayó que el problema es nacional y estructural.

“Esto no es solo Tocumen. Es cómo Panamá cuida a sus niños y a sus poblaciones más frágiles. Si no controlamos quién entra a esos lugares, seguimos poniendo a los más débiles en riesgo”, concluyó.

Las declaraciones de Itzel Torres se producen en medio del escrutinio público sobre el funcionamiento de los Centros de Atención Integral y el rol de SENNIAF como ente supervisor de estos espacios.

Cierre propuesto

El problema en los albergues y centros bajo la órbita de SENNIAF no es nuevo. La crisis comenzó a tomar visibilidad pública durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, cuando estallaron denuncias sobre el manejo de la institución y se procedió a la destitución de la entonces directora de SENNIAF.

En ese contexto, el gobierno de Cortizo impulsó un concurso público con el argumento de despolitizar la entidad y permitir que los mejores perfiles técnicos compitieran por la dirección, alejando el cargo de cuotas partidistas.

De ese proceso resultó seleccionada Graciela Mahuad, quien al asumir prometió encaminar una transformación profunda del sistema de protección de la niñez.

Sin embargo, con el paso del tiempo, poco o nada hizo para cambiar la mala práctica, entre ellas las fallas estructurales, la debilidad en la supervisión y los cuestionamientos al funcionamiento de los centros.

Su llegada a la Senniaf dejó al descubierto que el problema no se resolvía solo con un nombramiento, sino con controles reales, seguimiento permanente y voluntad institucional.

Hoy, casos como el del CAI de Tocumen vuelven a colocar a SENNIAF bajo el escrutinio público y refuerzan la advertencia de Itzel Torres: sin filtros serios al personal y sin una supervisión efectiva del Estado, los centros que deberían proteger terminan convirtiéndose en espacios de riesgo para quienes más necesitan cuidado.