Gobierno rechaza acusaciones de Panama Ports y sustenta actuación tras fallo de la Corte
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Autoridad Marítima de Panamá, en representación de la República de Panamá, rechazó las alegaciones formuladas por la empresa Panama Ports Company (PPC) y el grupo Hutchison, calificándolas de “falsas e injuriosas”, en el contexto de la disputa legal surgida tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, que sustentaba el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, así como sus adendas, prórrogas y actos derivados.
El comunicado oficial recuerda que el 29 de enero de 2026 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de dicha ley, cuyas decisiones son finales, definitivas y de obligatorio cumplimiento, por lo que el Estado panameño tiene el deber de acatarlas y ejecutarlas conforme a la Constitución.
Según la entidad, desde que el fallo fue de conocimiento público, el Estado procuró de buena fe una transición ordenada con el acompañamiento de PPC; no obstante, la empresa y sus afiliadas se negaron a cooperar, lo que según el documento, implicó la ocultación de información e impidió una transición coordinada.
Ante esta situación, y con el fin de garantizar la continuidad operativa, segura y eficiente del servicio público, la República de Panamá asumió temporalmente la administración, mantenimiento y operación de ambas terminales portuarias, en calidad de legítimo propietario conforme al artículo 29 de la Ley General de Puertos.
El comunicado también señala que el Órgano Ejecutivo emitió un decreto de ocupación como un mecanismo legítimo y excepcional, el cual respeta la propiedad de los bienes muebles.
En ese sentido, se aclara que esta medida no constituye una expropiación, sino una utilización temporal mientras se determina su valor, garantizando el debido proceso.
Asimismo, se sostiene que todos los actos administrativos adoptados por el Ejecutivo se fundamentan en la Constitución y la ley, por lo que calificarlos como “actos arbitrarios” o “confiscación” carece de sustento jurídico, destacando que a la empresa siempre se le ha garantizado el pleno ejercicio de sus derechos en Panamá.
En cuanto al estado de las terminales, el documento indica que, tras asumir la posesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, previamente operados por el grupo Hutchison, se constató un deterioro significativo, señalando que las instalaciones estaban alejadas de las mejores prácticas y estándares internacionales exigidos.
Respecto al proceso internacional, se confirma que PPC ha iniciado un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), ante lo cual la Autoridad Marítima de Panamá asegura que el Estado ha cumplido cabalmente con dichas normas y continuará ejerciendo sus derechos y defensas dentro de ese proceso.
El comunicado añade que las diferencias entre el grupo Hutchison y la Autoridad Marítima serán resueltas por el tribunal arbitral correspondiente, instancia que decidirá sobre el fondo de la controversia.
Panamá presentará oportunamente sus argumentos y, a partir de este momento, se reserva el derecho de no responder públicamente a los comunicados de PPC hasta la conclusión del arbitraje.
Finalmente, la República de Panamá reiteró su compromiso de garantizar de manera continua, segura y eficiente la operatividad de los puertos de Balboa y Cristóbal, así como de proteger la inversión nacional y extranjera, en apego a la Constitución, la ley y los compromisos internacionales del país, resguardando los mejores intereses de la Nación.
El comunicado está fechado el 19 de marzo de 2026.