Judiciales

Operación Pandora: Fiscalía desmantela presunta red que borraba pagos de impuestos para apropiarse de millonarios créditos fiscales

Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada desplegó este miércoles un amplio operativo en la sede central de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicada en Calle 41 de Calidonia, como parte de la denominada Operación Pandora, una investigación que apunta a una presunta red dedicada a eliminar del sistema pagos de contribuyentes para apropiarse de créditos fiscales valorados en alrededor de 40 millones de dólares.

El operativo contó con un fuerte contingente de unidades policiales y fiscales, quienes ingresaron a las instalaciones de la DGI en busca de evidencias que permitan desarticular la organización criminal y establecer la responsabilidad de los involucrados.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la red estaba integrada presuntamente por particulares y funcionarios que manipulaban el sistema informático iTax para eliminar los registros de los pagos efectuados por contribuyentes que cumplían con sus obligaciones tributarias.

La alteración del sistema hacía desaparecer la identidad del contribuyente que había realizado el pago, dejando el dinero registrado como un «crédito no aplicado», es decir, un saldo sin un propietario aparente dentro de la plataforma de la DGI.

Una vez el dinero quedaba bajo esa condición, los integrantes de la organización presuntamente transferían esos créditos y los convertían en recursos económicos aprovechando que la legislación panameña permite a ciudadanos y empresas negociar legalmente sus créditos fiscales con entidades bancarias.

Según las autoridades, este mecanismo permitía transformar los fondos obtenidos de manera fraudulenta en dinero aparentemente legítimo dentro del sistema financiero.

Como parte de la Operación Pandora, la Fiscalía giró 19 órdenes de aprehensión contra personas presuntamente vinculadas con esta estructura criminal, cuyas operaciones se extendían a las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.

Durante las diligencias, las autoridades lograron decomisar equipos tecnológicos, computadoras, dispositivos electrónicos y abundante documentación que será sometida a análisis como parte de la investigación.

El Ministerio Público mantiene las pesquisas para determinar el alcance del presunto fraude, identificar a todos los responsables y establecer el perjuicio económico ocasionado al Estado.

Las investigaciones, que se remontan al año 2025, establecen que la estructura estaba integrada por funcionarios de la DGI y particulares, quienes presuntamente realizaron cesiones ilegales de créditos fiscales, ocasionando un perjuicio económico millonario al Estado.
Como parte de las pesquisas también se determinó que los implicados habrían manipulado el sistema E-Tax 2.0 para reasignar trámites de forma irregular, con el propósito de agilizar y facilitar las operaciones ilícitas relacionadas con los créditos fiscales.