Moncada advierte que la falta de doble instancia en audiencias penales debilita las garantías judiciales
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El abogado y constitucionalista José Antonio Moncada lanzó una severa advertencia sobre el funcionamiento del sistema penal panameño al denunciar que, en determinadas audiencias, las decisiones de los jueces de garantías quedan sin una revisión efectiva por parte de un tribunal superior, una situación que —según afirmó— vulnera garantías fundamentales, debilita la seguridad jurídica y expone a los ciudadanos al ejercicio del poder sin contrapesos.
Moncada advirtió que la ausencia de una doble instancia efectiva en determinadas audiencias penales representa una seria amenaza para la seguridad jurídica y podría abrir espacios para decisiones arbitrarias dentro del sistema de administración de justicia.
Según explicó, existen actuaciones adoptadas por jueces de garantías que, en ciertos casos, no son revisadas por un tribunal superior, situación que —a su juicio— limita el derecho de las partes a cuestionar decisiones que consideran contrarias a derecho y debilita las garantías procesales reconocidas por convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.
Moncada sostuvo que la inexistencia de un mecanismo de revisión judicial fortalece el poder del Ministerio Público y reduce los controles sobre las decisiones adoptadas durante el proceso penal.
«El poder intimidatorio del Ministerio Público puede crecer cuando no existe doble instancia», afirmó el jurista.
El constitucionalista advirtió que la falta de una revisión superior no solo afecta a los imputados y sus defensores, sino que también debilita los mecanismos de control sobre la actuación de fiscales y jueces, al permitir que decisiones de gran impacto permanezcan firmes sin un examen independiente.
«Cuando no hay un tribunal superior que revise, el ciudadano queda expuesto al poder sin contrapeso», señaló.
Denuncia presuntas violaciones de derechos en cárceles
Moncada también informó que en los últimos días presentó varias acciones de hábeas corpus reparador a favor de personas privadas de libertad, con el propósito de que cesen prácticas que, según sostiene, vulneran derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario.
De acuerdo con sus declaraciones, entre las medidas denunciadas figuran restricciones generalizadas a las visitas familiares, limitaciones para el ingreso de ropa y artículos de aseo personal, así como presuntos decomisos de pertenencias básicas durante operativos de requisa.
El abogado sostuvo que estas actuaciones no pueden convertirse en una práctica habitual dentro de un Estado de derecho, al recordar que las personas privadas de libertad conservan derechos fundamentales que deben ser respetados por las autoridades penitenciarias.
Señalamientos contra fiscal superior
En otro aspecto, Moncada señaló públicamente a la fiscal superior de Colón, Dilsa Donado, a quien atribuyó, según sus declaraciones, un presunto interés personal y una persecución en su contra relacionada con procesos penales anteriores.
El abogado aseguró que posee elementos que respaldan sus afirmaciones y manifestó que, de sufrir algún daño físico, responsabiliza públicamente a la funcionaria, al considerar que existiría una actuación dirigida en su contra desde estructuras internas del Ministerio Público.
Moncada reiteró que fortalecer el derecho a una doble instancia constituye una garantía esencial para preservar el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos, al considerar que ninguna decisión judicial de relevancia debería quedar exenta del control de un tribunal superior.