Contraloría detecta perjuicio de B/.116 mil en fondos de los Bomberos
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico al Estado por B/.116,498.67 en el manejo y utilización de fondos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), según los resultados de una auditoría correspondiente al período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2024.
El hallazgo está contenido en el Informe de Auditoría Núm. 11-151-2026-DIAF-DAFO, presentado por la Contraloría, que determinó que el monto cuestionado correspondió a un desembolso que no estaba vinculado con las competencias del Cuerpo de Bomberos.
De acuerdo con el informe, los recursos fueron utilizados para la adecuación del Centro de Rehabilitación Femenina La Esmeralda, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, distrito y provincia de Panamá.
La auditoría examinó el manejo de los fondos de la institución durante el período comprendido entre el 2 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, incluyendo controles internos, documentos, cotizaciones, facturas y adquisiciones de equipos e insumos destinados a los servicios de atención médica, emergencias y rescate.
Cuatro situaciones bajo la lupa
Además del perjuicio económico identificado, la Contraloría reportó cuatro situaciones adicionales como resultado de la fiscalización realizada al BCBRP.
Entre ellas figuran el uso inadecuado del Decreto 377-2015-DMYSC, el incumplimiento de la ley que crea la entidad, la ausencia de documentos fuente y la existencia de activos fijos sin registrar.
El documento de auditoría relaciona el hecho con Roger Alberto Tejada Bryden, identificado en el comunicado como expatrono, presidente del BCBRP y Ministro de Gobierno.
La Contraloría señaló que, frente a los hallazgos encontrados durante la revisión, recomendó remitir el informe al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a la Procuraduría General de la Nación y al Tribunal de Cuentas, para las actuaciones que correspondan.
La entidad fiscalizadora precisó que estas remisiones buscan que las instituciones competentes adopten las acciones correspondientes frente a las situaciones identificadas en la auditoría.
La Contraloría General reiteró que continuará ejerciendo sus funciones de fiscalización y control conforme al marco legal vigente, garantizando el debido proceso y promoviendo la protección y correcta utilización de los recursos públicos.