Demandan por dos millones de dólares a la Policía Nacional y al Ministerio de Gobierno por tragedia en Centro de Cumplimiento de Menores
Redacción La Verdad Panamá
Una demanda por 2 millones de dólares por daños y perjuicios causados a consecuencia de la comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, castigo infamante, vejación o medidas arbitrarias, fue presentada contra la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en nombre del ciudadano David Alberto Ríos Suazo.
Los hechos guardan relación con la tragedia ocurrida el 9 de enero de 2011 en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, en donde cinco menores de edad murieron quemados.
De acuerdo con el relato contenido en la demanda a la que tuvo acceso La Verdad Panamá, para horas del mediodía del 9 de enero de 2011, un grupo de menores internos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, protagonizó una protesta pidiendo el acceso a agua y mejoras en otros servicios, lo que produjo que Iris Nedelka Cedeño Fernández, directora del Centro de Cumplimiento autorizara el ingreso de unidades policiales para controlar los actos de protesta, quienes procedieron a reprimir a los menores de edad lanzando bombas lacrimógenas, lo que produjo un incendio que provocó múltiples quemaduras a diversos menores de edad, entre ellos, David Alberto Ríos Suazo.
Señala la demanda que además de ser ignorados en sus reiterados pedidos de ayuda, padecieron de vejámenes, insultos y golpes por parte de unidades de la Policía Nacional y de un custodio civil del Centro de Cumplimiento, que estaban llamados a protegerlos y custodiarlos.
El menor de edad David Alberto Ríos Suazo padeció severas lesiones que pusieron en peligro su vida. De acuerdo con la evaluación médico legal practicada se consignó que el mismo presentaba quemaduras de segundo grado con fuego en el 30% de la superficie corporal total. También padeció el ver como sus compañeros menores de edad morían quemados y eran vejados por quienes estaban llamados a protegerlos y cuidarlos.
Sostiene que esto no solo incidió negativamente en la psiquis, sentimientos y animosidad de David Alberto Ríos Suazo, quien desde ese momento no ha sido la misma persona quedando marcado emocional y afectivamente de por vida.
En consecuencia de todo lo anteriormente descrito y sustentado, la representación legal del afectado les solicita a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que declaren “Que el Estado panameño por conducto de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobierno, es solidariamente responsable por daños y perjuicios materiales y morales ocasionados a consecuencia de los delitos de homicidio en grado de tentativa, castigo infamante, vejación o medidas arbitrarias en perjuicio de David Alberto Ríos Suazo, cometidos por funcionarios de la Policía Nacional y por un funcionario del Ministerio de Gobierno…”
Que se declara a pagar a la parte demandada a favor de David Alberto Ríos Suazo la suma de 2 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios materiales y morales, más costas, gastos legales e intereses, hasta la total cancelación de esta obligación.
Exige la defensa que la cuantía de indemnización, salvo mejor tasación del Tribunal, quede establecida en 500 mil dólares en concepto de daño material y la suma de un millón 500 mil dólares en concepto de daño moral.
En este caso, los miembros de la Policía Nacional, Luis Carlos Ortega Montenegro, Ángel Batista Rivas y Eduardo Enrique Barreno Bernal, fueron condenados a la pena principal de 46 años de prisión, como autores del delito de homicidio en grado de consumación en perjuicio de los menores Erick Alexis Batista Mosquera, Benjamín Mojica Roberts, José David Frías Rentería, Víctor Jiménez Pardo y Omar Richard Ibarra Bersal y por el delito en grado de tentativa en perjuicio de los menores Cristian Abdías Mora y David Alberto Ríos Suazo y por el delito de castigo infamante, vejación o medidas arbitrarias en perjuicio de los menores de edad del Centro de Cumplimiento de Menores.