Policía Nacional enfrenta cinco demandas millonarias por homicidios, torturas y vejámenes
Redacción La Verdad Panamá
La Policía Nacional no solamente debe concentrarse en su misión constitucional de proteger y servir, sino también en las cinco demandas que tocan a sus puertas; todas relacionadas a los trágicos acontecimientos del 9 de enero de 2011 en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, en el que fallecieron cinco jóvenes y dos sobrevivieron a graves quemaduras que marcaron sus vidas para siempre.
La Verdad Panamá tuvo acceso a una de las demandas por 3 millones de dólares, presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en la que se solicita que se condene a la Policía Nacional y al Ministerio de Gobierno por daños y perjuicios causados, “a consecuencia de los delitos de homicidio, castigo infamante, vejación o medidas arbitrarias, cometidos en perjuicio de una de las víctimas mortales”.
En la demanda se solicita que la cuantía de indemnización, salvo mejor tasación del tribunal, quede establecida de la siguiente manera: la suma de un millón de dólares en concepto de daño material y la suma de dos millones de dólares en concepto de daño moral.
En la relación de los hechos que son motivo de la presente demanda, se establece que para la fecha trágica del 9 de enero de 2011, uno de estos menores (Q.E.P.D), se encontraba recluido en el Centro de Cumplimiento, por la presunta comisión de un hecho infractor.
Para horas del mediodía de la citada fecha, un grupo de menores internos en el Centro protagonizó una protesta pidiendo el acceso a agua potable y mejoras en otros servicios, lo que provocó que Iris Nedelka Cedeño Fernández, directora del Centro de Cumplimiento de Tocumen, autorizara el ingreso de unidades policiales para controlar los actos de protesta, situación que dio inicio a una represión contra los menores de edad, lanzando bombas lacrimógenas, lo que originó un incendio que dejó como resultado múltiples quemaduras a diversos menores, entre ellos, el hijo de la madre que procedió a demandar. Además de ser ignorados en sus dramáticos pedidos de ayuda, padecieron de vejámenes, insultos y golpes por parte de funcionarios de la Policía Nacional y de un custodio civil del Centro de Cumplimiento, que estaban llamados a protegerlos y custodiarlos.
Según el protocolo de necropsia levantado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el joven murió a consecuencia de “edema y congestión pulmonar, sepsis, quemaduras de tercer grado del 56% de superficie corporal total”.
Argumenta la defensa de la madre de la víctima que, tal como se desprende de la sentencia de 11 de enero de 2016 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá y a propósito de la situación procesal del menor fallecido, quedó en evidencia que unidades del orden público pertenecientes a la Policía Nacional y un custodio civil perteneciente al Ministerio de Gobierno, en ejercicio de sus funciones o con el pretexto de ejercerla, actuaron de manera dolosa para ejecutar delitos en su contra.
Por este delito de homicidio doloso consumado, resultaron condenados en calidad de autores a 46 años de prisión, los miembros de la Policía Nacional Luis Carlos Ortega Montenegro, Ángel Batista Rivas y Eduardo Enrique Barreno Bernal , mientras Joel Alexis Rodríguez Agrazal y Maykol Ariel González Sánchez, fueron condenados a 40 años de cárcel.
Por los tres muertos a consecuencia de la tragedia, se está pidiendo la misma cantidad de tres millones de dólares y dos millones por cada uno de los sobrevivientes, demandas todas interpuestas en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.