“A los ofensores sexuales no hay que protegerlos del escrutinio público; hay que proteger a las víctimas de ellos”
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
La Ley 501 destapa la olla: mujeres responden al instante
La reacción no tardó ni 24 horas: mientras la Ley 501 abrió al público el registro de ofensores sexuales, las organizaciones de mujeres celebraron el cambio con un mensaje que sonó más fuerte que cualquier comunicado oficial.
“El riesgo no es para ellos, es para nosotras”
Lorena González, activista y referente de la Red Nacional por los Derechos de la Mujer, lo dijo sin rodeos. Su postura corta de raíz el argumento de quienes temen que la publicación del listado “afecte” a los agresores.
Daño de por vida, vigilancia de por vida
Para González, esta apertura es más que una medida administrativa: es una reparación mínima para quienes cargan traumas que no vencen.
“Las víctimas sufren perpetuamente el daño causado por su ofensor sexual. Esto es justicia, porque la merecen”, afirmó.
Que la comunidad sepa quién es quién
La activista fue directa al punto: “Permite que la sociedad conozca quiénes son los ofensores sexuales y disminuye el riesgo de que estén cerca de potenciales víctimas. La protección es para ellas, no para quienes ya cometieron un delito”.
Una deuda que tomó años en pagarse
La Red Nacional por los Derechos de la Mujer venía empujando esta apertura desde hace mucho.
Para ellas, el país tardó demasiado en dejar atrás la opacidad que permitía que los ofensores se mezclaran sin control entre la población.
Cero romanticismo: esto es prevención
“El listado es una herramienta de prevención y seguridad para mujeres, niñez y adolescencia. Como sociedad debemos velar por ambientes libres de violencia”, insistió González.
La proponente responde: “No estamos protegiendo victimarios, estamos protegiendo vidas”
La diputada Paulette Tomás, proponente de la Ley 501, respaldó la apertura del registro y desmontó los cuestionamientos más repetidos.
Tomás subrayó que el registro público no es retroactivo penal, no modifica condenas ni crea castigos nuevos.
“Lo que cambia es el carácter público de un registro que ya existe y contiene información de personas con sentencias ejecutoriadas”.
También aseguró que no hay “estigmatización indebida”, porque quienes aparecen en el listado no son sospechosos ni investigados.
“Son individuos hallados culpables. En Panamá debemos empezar a llamar las cosas por su nombre. Quien roba es ladrón; quien viola es un ofensor sexual condenado”.
Sobre la duda de si el Estado podrá administrar el sistema, fue directa:
“El esquema de actualización ya existe. No es en tiempo real. Es un mecanismo verificable que funciona hoy”.
Y remató con la línea que se convertirá en munición del debate: “Es nuestra obligación proteger a la ciudadanía, no a los agresores”.
Lo que dicen los expertos: “No es un impulso que desaparece”
Especialistas en salud mental explican que una parte de los delitos sexuales, especialmente los cometidos contra menores, está asociado a parafilias, como la pedofilia, reconocida por la psiquiatría moderna como un trastorno de la preferencia sexual.
No es una “mala decisión”, no es una etapa: es una condición clínica que no se extingue después de la cárcel.
Los expertos advierten que la reincidencia es un riesgo real, porque los impulsos que caracterizan este trastorno no desaparecen sin tratamiento especializado por lo que el monitoreo permanente es imprescindible.
De ahí que varios países utilicen registros públicos como mecanismos de prevención social, no como castigos adicionales.
“El daño de la víctima es permanente; en cambio, el ofensor con impulsos compulsivos requiere vigilancia de por vida”, detalló uno de los especialistas consultados.
Los detalles
La Ley 501 modificó la Ley 244 de 2021 y abrió al público el registro de ofensores sexuales, ahora de libre consulta y accesible digitalmente.
El sistema incluye nombre, fotografía, delito, fecha de condena y zona de residencia del agresor.
Los ofensores deberán actualizar su domicilio, reportarse periódicamente y notificar todo cambio de residencia.
Además, el registro queda vinculado con Migración, que impide el ingreso de extranjeros con condenas sexuales.
La actualización y mantenimiento de la plataforma recaen en la Policía Nacional y el Ministerio Público.
En un país donde la impunidad camina con descaro, la apertura del registro no es un lujo ni un capricho: es una línea de defensa mínima.
Los defensores del proyecto sostienen que si el Estado es incapaz de garantizar que estos agresores no vuelvan a atacar, entonces la sociedad tiene derecho y necesidad de saber quiénes son.
Callar información no protege a nadie; revelarla puede salvar vidas.