Abogado no descarta detenciones de funcionarios del Ifarhu y la Contraloría por el caso de los auxilios económicos
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El abogado Luis Fuentes Montenegro no descartó que funcionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), sean judicializados y enfrenten penas de cárcel, tras investigaciones que puedan arrojar manejos irregulares de fondos públicos y el encubrimiento de los nombres de los beneficiados.
El manejo de los auxilios económicos, dinero no reembolsable que otorga la institución a su discreción, es un escenario donde la justicia penal y la integridad educativa están bajo la lupa del escrutinio público.
Fuentes Montenegro ha proyectado luz sobre un tenebroso panorama en el que, tarde o temprano, la justicia deberá tomar cartas en el asunto, destapando una serie de irregularidades que no solo han perjudicado el patrimonio nacional, sino que han hecho eco en las aspiraciones educativas de la juventud panameña.
Según el experto en ciencias políticas el próximo gobierno debe contribuir a una reestructuración de la justicia, no para perseguir políticamente, sino, para hacer justicia y casos como el del Ifarhu deben ser objeto de impulso procesal y determinar responsabilidades.
El jurista recordó que sobre este escándalo se han presentado varias denuncias, pero si el Ministerio Público no se siente comprometido en hacer justicia o solo hace justicia selectiva
Subrayó que el nuevo gobierno juega un papel fundamental en abrir puertas y dar el paso para que la justicia no siga siendo ese ente parcial, selectivo e injusto.
«La crítica situación de la justicia penal, marcada por una aparente lentitud en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas, frente a estos casos de corrupción, afecta la gestión de recursos destinados a la educación», destacó.
Según Fuentes Montenegro, es imperativo un «giro de timón» hacia una justicia verdadera que promueva investigaciones exhaustivas, provocando no solo detenciones, sino también una necesaria reflexión sobre la ética y la legalidad en la gestión pública.
El Ifarhu, concebido como un ente promotor de la educación, se encuentra hoy sometido a acusaciones de despilfarro y abuso de recursos, lo que denota una profunda problemática interna e irregularidades, dijo.
A juicio del abogado, este escándalo deja al descubierto un sistema corrupto donde los fondos destinados a ayudas educativas los limitan a quienes más lo necesitan, en beneficio de unos pocos favorecidos por conexiones políticas e influencias indebidas.
Fuentes Montenegro destaca que el secretismo y la reserva a la hora de divulgar información sobre los beneficiados de los auxilios económicos apuntan a una red de encubrimiento y protección que involucra a individuos de alto perfil.
Este manto de protección no solo socava los principios de transparencia y rendición de cuentas sino que mantiene en la sombra a los verdaderos perjudicados: los jóvenes talentosos que ven sus oportunidades educativas limitadas.
La responsabilidad de la Contraloría General de la República en este entramado de corrupción y malversación de fondos es un aspecto que no se puede ignorar, señaló.
Aunque la entidad ha argumentado su decisión de no divulgar los nombres de los beneficiados, su actuación frente a faltas tan graves es un indicativo de cómo las instituciones destinadas a la fiscalización y control pueden estar fallando en su cometido esencial, permitiendo así que la impunidad se extienda, sentenció.
Aseguró que la injusta distribución de recursos y becas opera en detrimento de los jóvenes con méritos académicos excepcionales, quienes enfrentan barreras arbitrarias en su búsqueda de apoyo educativo.
A su juicio, esta discriminación no solo es inmoral, sino que contradice el propósito fundamental del Ifarhu, erosionando las bases de un sistema educativo que debería primar el talento y el esfuerzo por sobre los intereses políticos y el nepotismo.
Ante este panorama, la exigencia de justicia se convierte en el clamor unánime de una sociedad que busca rescatar la integridad de sus instituciones educativas y judiciales.
Dijo que la detención de los involucrados y la devolución íntegra de los recursos malversados son pasos fundamentales para restaurar la fe en el sistema y garantizar que los jóvenes panameños tengan las oportunidades educativas que merecen, libres de corrupción y discriminación.
El caso del Ifarhu representa un desafío crítico para el sistema de justicia penal de Panamá y un llamado urgente a las instituciones educativas y de fiscalización, señaló.
Destacó que solo a través de un compromiso inquebrantable con la verdad, la justicia y la equidad se puede aspirar a un futuro en el cual todos los jóvenes tengan la oportunidad de alcanzar sus sueños, sin barreras injustas.