Abrir fronteras para profesionales extranjeros sin requisito de idoneidad traerá estallido social
La propuesta del sector empresarial abanderada por el exministro de Planificación y Política Económica Guillermo Chapman de abrir las fronteras a profesionales extranjeros sin el requisito de la idoneidad, es un profundo irrespeto y afrenta a la clase trabajadora de este país, afirmó el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela.
De manera gradual y repetitiva el sector empresarial ha venido tratando de sembrar las condiciones para abolir el Código de Trabajo de una u otra manera. No es la primera vez que traen al tapete el tema de abrir fronteras para beneficiar a profesionales y mano de obra calificada como ellos han señalado de manera recurrente, indicó.
“Siento que es un repudio al sector que los ha hecho ricos a lo largo de la historia”.
Sostiene Fraguela que estas propuestas violan derechos constitucionales, violan códigos y leyes laborales, quizás con la única aspiración de verse beneficiados con mano de obra barata.
Esperemos que el presidente Cortizo escuche y de manera categórica diga que eso no va, porque, de lo contrario esto sería un detonante social, expresó Fraguela.
Probablemente muchas personas no ven el alcance de esto, pero esta propuesta puede traer como consecuencia que se dé el ingreso de una gran cantidad de profesionales de otros países, de abogados, arquitectos, de ingenieros, de diversas disciplinas, de periodistas incluso que quieran venir a Panamá porque ven una alternativa y no podemos invocar reciprocidad sencillamente porque nadie quiere irse para esos países por la alta migración que enfrentan, debido a la caótica situación económica y social que padecen. Sin embargo a ellos sí les conviene Panamá por nuestra economía dolarizada, agregó.
Para el abogado laborista Ramiro Guerra, “eso de abrir fronteras a profesionales o mercado laboral a los extranjeros riñe con la Constitución Nacional. Los artículos 73 y 300 de nuestra carta magna consagran el principio de la territorialidad de la fuerza laboral, sea del sector privado o público”.
Las normas sobre todo el artículo 73, establece algunas excepciones; aunque prevalece un principio básico que no afecte a los nacionales y sus condiciones de trabajo, apuntó.
La SPIA se pronuncia
La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) emitió un comunicado en el que plantea con firmeza su oposición a esta propuesta señalando que “la posición planteada dentro de la conferencia “Hacia la nueva economía”, está en contraposición a los artículos 40 y 73 de la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley 15 de 26 de enero de 1959, atentando directamente contra los profesionales de la ingeniería y arquitectura idóneos en el país; además de ser inoportunas ante el momento crítico que atravesamos, denotando insensibilidad ante los miles de panameños de todos los estratos sociales que han perdido su fuente de sustento a consecuencia de la pandemia”.
De manera reiterada, la SPIA ha hecho énfasis en la necesidad de cumplir con lo relacionado al ejercicio legal de la profesión, que incluye la obligatoriedad de la idoneidad profesional.
Es particularmente importante destacar que la Ley 15 y sus modificaciones subsiguientes, ya permiten la contratación de profesionales extranjeros cuando no existan profesionales panameños idóneos para prestar estos servicios. Para estos casos, y para contrataciones de más de un año, la Ley 15 incluye la obligatoriedad de la contratación de un profesional panameño para que reciba el adiestramiento necesario de modo que pueda sustituir al extranjero al término de su contrato, asegurando la transferencia del conocimiento. Además, la Ley 15 permite que los extranjeros, en cuyos países se permite el ejercicio de tales profesiones, puedan obtener el certificado de idoneidad en igualdad de condiciones a los panameños (reciprocidad).
Como gremio responsable que a través de sus 100 años de existencia se ha ganado la confianza, prestigio y credibilidad ciudadana, nos mantendremos vigilantes ante cualquier intención de vulnerar los derechos de los profesionales idóneos, cuya academia y experiencia en ambas disciplinas son ampliamente reconocidas a nivel internacional, afirma la SPIA en su pronunciamiento.