Actualidad en contexto sobre el fenómeno criminal en Panamá
Por: Luis A. Zegarro R: Oficial de carrera militar, / Lcdo. En Defensa Nacional y Seguridad Pública / Especialista en Criminología
Mientras perduren los impactos de una crisis social, repercutirán en la Seguridad Pública
Un primer renglón de ineludible referencia, respecto a las causalidades de la convulsión social que vivimos con actuales incrementos en los registros de violencia y delincuencia, es sin duda, la crisis mundial por pandemia del COVID-19 que, además, de los graves problemas de salud pública, también, puso a prueba los sistemas económicos y la distribución de riquezas en los países, evidentemente, en unos, más que en otros, conforme a los niveles de eficiencia y eficacia de sus gobernanzas, no obstante, desencadenó en todos, un sin número de efectos socioeconómicos (inflación, desaceleración, decrecimiento y recesión por mencionar los directamente relacionados con la escasez ciudadana de poder adquisitivo). Estos factores incidieron en despidos laborales masivos, suspensión temporal de contratos y de trabajos independientes de la población productiva por causa de las medidas de restricción de movilidad que detuvo las actividades económicas y, en consecuencia, la caída de los índices de producción y de generación de capitales que aún mantienen un alto indicador de desempleo y reducción de ingresos, tanto en la economía formal, como en la informal (la tasa de desempleo de 2019 de 7.1 subió a 18.5 en 2020, 13.1 en 2021 y se encuentra en 9.9 en 2022, todavía con un aumento de 2.8% comparado al 2019, mientras que el porcentaje de informalidad sigue aumentado, registrando un 48,2%).
Valoración del impacto geopolítico global
Siguiendo con el hilo introductor, aun cuando existen causas internas, los movimientos geopolíticos señalan un marcado origen externo de orden económico que promueve indirectamente el crecimiento de la incidencia delictiva, porque, si bien, se flexibilizaron las medidas al aplanarse las curvas y estabilizarse la propagación de los contagios e inmediatamente se activó un proceso de recuperación económica a nivel global, también es una realidad que, de forma simultánea, este restablecimiento se haya visto obstaculizado por la invasión rusa a Ucrania, sin reparos de los impactos a la seguridad alimentaria, suministro y aumento de los precios de combustibles, entre otros, encareciendo aún más el costo de la vida en tiempos de crisis mundial.
Permanencia de los factores de riesgos, sus causas y efectos en la comisión de delitos
Conforme al extracto anterior, se esclarece que en un diagnóstico país, las amenazas (externas) y debilidades (internas) enunciadas son determinantes para reconocer que se han trastocado las realidades individuales, sociales y jurídicas como resultado de que, en un sector considerable de la población, aumentaran las probabilidades de la comisión de delitos por la búsqueda de posibilidades para llevar el sustento diario y demás enseres a sus hogares, propio de un consumismo generalizado, todo esto, a falta de oportunidades de empleos dignos o de cualquier medio de generación de ingresos. Estas circunstancias se han estado multiplicando en la sociedad a medida que se ha ido incrementando la cantidad de ciudadanos en la misma condición, acrecentando los índices de pobreza y pobreza extrema de los que la resisten a toda costa.

El Estado debe contar con preparación previa (estrategias nacionales, planes de contingencia y otros) más, la reorganización necesaria para hacerle frente al incremento delincuencial conteniendo el crecimiento estadístico de la comisión de delitos, antes, durante y posterior al período de permanencia de la crisis económica. Somos del criterio que, en el análisis situacional del fenómeno criminal, se requiere la lectura integral y comprensiva oportuna para la “toma de decisiones” en las operaciones de prevención, reacción y represión. Para ello, hay que definir los factores de riesgo en general, pero, priorizando los de alto interés de mitigación en la prevención de las violencias y el delito. “Hay que estar claros que el aumento de los factores sociales de riesgo propicia un mayor impulso a la criminalidad”.
Permanece el desafío por controlar tres tipos de delitos y las combinaciones entre ellos que mantienen elevados los niveles y percepciones de inseguridad en la población panameña, tanto por motivo de la delincuencia común, como por el crimen organizado. A continuación, se describen los de alto impacto social e interés de disminución:
- Delitos contra la vida y la integridad personal: principalmente los homicidios, lesiones personales y la violencia doméstica.
- Contra el orden económico: robo agravado, robo simple y hurto.
- Contra la seguridad colectiva: Tráfico ilegal de armas y narcotráfico.
Algunos aspectos de “el deber ser” en la neutralización de la criminalidad
El control de la seguridad y orden público debe accionar de manera balanceada en todos los frentes de combate al crimen con el propósito de evitar la desproporcionalidad operacional que pueda conllevar por un lado a, la sobre cobertura policial en un campo de acción, mientras se mantiene una acefalía operativa en otras áreas. Un factor indispensable es el músculo del registro estadístico en los tiempos prioritarios para la precisa adopción de medidas (estadísticas integrales en tiempo real, semanal, mensual, semestral, anual y sus comparativos). El uso de la tecnología de punta con mapas de calor que focalicen la mayor concentración delictiva y sus movimientos, debe emplearse de forma permanente para un seguimiento óptimo que conjugue los principales pilares operacionales (inteligencia policial, fuerza regular de patrullaje, fuerzas especializadas, programas de prevención comunitaria y seguridad ciudadana). Las alianzas estratégicas con las agencias privadas de seguridad se deben potencializar para el intercambio de información y alertas oportunas que contribuyan a la certeza de la prevención del delito, certeza de la reacción y de las aprehensiones.
El motor de la inteligencia policial (técnica y operativa), brazo de apoyo de los demás pilares, debe procesar permanentemente un caudal de información vital para determinar la mayor cantidad de objetivos y generar las alertas diarias y semanales necesarias para contribuir con las funciones de todas las zonas policiales del país, solicitando la aprobación de los principales eslabones del sistema de justicia (Órgano Judicial y Ministerio Público). Los últimos eventos delictivos contra joyerías, bancos estatales y privados apremia realizar los ajustes para el fortalecimiento del sistema de contención policial y sus coordinaciones interdepartamentales, junto a, la articulación de información y estrategias con otras instituciones del sector público y empresas del sector privado que trabajen con dineros y otros valores (bancos, financieras, empresas de transportes blindados de valores, joyerías, Lotería Nacional, tiendas que operan las 24 horas en las estaciones de servicios, entre otras).

El costo/beneficio de la seguridad a nivel país y en toda organización debe generar resultados favorables en la protección de los bienes y recursos, siempre y cuando se invierta lo necesario para hacerle frente a los requerimientos y estándares mínimos de seguridad. No solo las instituciones policiales tienen un compromiso de inversión en seguridad, ni la mayor responsabilidad por la comisión de hechos delictivos que vulneren instalaciones, sucursales o complejos, estatales o privados que no cumplieran con las medidas de protección que les atañe.
En el caso de los bancos, el Acuerdo N° 01-2007 “Por el cual se establecen Normas Mínimas de Seguridad para las Entidades Bancarias» dispone una serie de lineamientos, entre ellos, la sistematización de manuales y políticas de seguridad y protección, personal de seguridad internos y externos, los cuales deben tener cobertura en los alrededores de las instalaciones, además de cámaras y programas de mantenimiento preventivo. En la modificación del Acuerdo en 2012 se estableció la conservación de archivos de cintas de video en cajeros automáticos por el período de un año. Si las entidades bancarias no cumplieran con estos y otros estándares instituidos por regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá, indiscutiblemente, deberán asumir gran parte de la responsabilidad sobre la ejecución de un hecho delictivo en sus instalaciones.
Consideraciones finales
Perfeccionar la inversión en seguridad tanto en el sector público como en el privado es clave para optimizar la cobertura de protección (el principal fundamento es la buena administración de los recursos logísticos). Panamá invierte 1.5% de su PIB en seguridad, comparado con Uruguay que invierte 1.85% y Chile con 2.32%, estos dos últimos tienen las tasas más bajas en delitos de mayor impacto en la región. El complejo servicio de seguridad pública amerita un modelo de gestión flexible con controles de calidad y mejoramiento continuo en todos los estamentos policiales, capaz de mantener la motivación del pie de fuerza y depurar la corrupción interna como materia prima básica para contener el crimen, llevando tranquilidad a la población y preservando los mejores intereses de la seguridad ciudadana. La policía regular y las unidades especializadas dependen de la información de inteligencia para la efectividad de sus operaciones.
La identificación de comunidades en situación de riesgo es una prioridad para aumentar la inversión pública en esos sectores. Se debe llevar el Estado a estas áreas, a través, de la intervención interinstitucional (MIDES, MEDUCA, MIVIOT, ASEP, IDAAN, IFARHU, entre otras). Los programas preventivos comunitarios son de gran apoyo, sobre todo los dirigidos a niños y adolescentes en la prevención de la deserción escolar y la reinserción al sistema educativo (Alcance por Mi Barrio, Encontrando el Camino Correcto y otros) con fines del rescate de jóvenes y limitar su acceso a las pandillas y otras organizaciones del crimen organizado.
Con voluntad de organización y diseño de verdaderos planes, programas y estrategias elaboradas sobre la base de insumos que produzcan evidencia empírica científica actualizada, se podrán obtener las mejores herramientas, ejecutar buenas prácticas y por consiguiente alcanzar resultados favorables.


