Antai deja la transparencia a un lado y desafía orden de la CSJ de reintegrar a funcionaria que padece de enfermedad terminal
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), se encuentra en plena desobediencia con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una especie de desafío, al no acatar la orden de reintegrar a una funcionaria destituida que parece de una enfermedad crónica.
La orden fue dada desde el 8 de mayo de 2023, cuando el pleno de la CSJ concedió la acción de Amparo de Garantías, ordenando el reintegro y pago de salarios caídos.
La máxima corporación de justicia, concedió el Amparo de Garantías a favor de Pastora Castro Pájaro, contra el Resuelto de Recursos Humanos N°23 de 3 de junio de 2022, suscrito por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
El resuelto de la Antai destituyó a la servidora pública de su cargo de Directora de Administración y Finanzas y a pocos días de cumplirse un año, la Directora General, Elsa Fernández no ha cumplido con el mandato de la ley.
Ante este escenario el abogado de la afectada, Marcos Mudarra, presentó ante la CSJ, un incidente de desacato contra la Antai, ante el incumplimiento de casi un año del fallo, dándole la Corte un plazo de 60 días hábiles para su reintegro, contados a partir del 5 de abril de 2024.
Tras la Corte recordar el cumplimiento del fallo y conceder dos meses de plazo para su cumplimiento, el abogado de la afectada realizó protestas durante cinco días en las afueras de la Antai, exigiendo el cumplimiento de la orden dictada por los magistrados de la CSJ, pero luego de los piquetes la directora de acogió a vacaciones.
El regreso de la directora de Antai está previsto para el próximo 18 de mayo, mientras la institución ha solicitado una aclaración de sentencia, al parecer para ganar tiempo y dejarle esa responsabilidad al siguiente gobierno, dijo el abogado.
Pastora Castro padece de una enfermedad crónica delicada y constantemente requería permisos para acudir a sus citas médicas, situación que molestó a la administración de la entidad que procedió con su destitución.
La ley 59 de diciembre de 2005 adopta normas de protección laboral al establecer que “todo nacional o extranjero, a quien se le detecten enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, o insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes del diagnóstico médico”.
