Aumentan las voces de rechazo al contrato entre el Estado y Minera Panamá, son excesivas e inconstitucionales las concesiones
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Las voces en contra de la concesión minera a cielo abierto, contrato ley firmado por el Estado y que discute la Asamblea Nacional, es cada día más cuestionado por por un amplio sector de la población civil y hasta le han recordado al expresidente Ernesto Pérez Balladares, que fue durante su gobierno que se firmó el primer documento con la entonces empresa Petatilla Gold, compañía que luego vendió sus acciones a la actual Minera Panamá, subsidiaria de la transnacional canadiense First Quantum Minerals.
Los primeros trabajos de explotación minera en el área de Donoso provincia de Colón y coclesito en Coclé se dieron en el año 1997 durante la administración del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares, quien en ese año presentó ante la Asamblea Nacional un contrato ley que fue aprobado por los legisladores de aquel entonces.
El panameño Gilberto Romero en un audiovisual dónde él aparece y que tiene una duración de 2:51 minutos, hace un relato desde cuando se dio la primera concesión en el gobierno de Pérez Balladares, contrato que según dijo era desfavorable para el país.
El contrato en el 2008 fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras la empresa Petaquilla no honraba los pagos que debía hacer a la Caja de Seguro Social (CSS), producto del descuento de las cuotas que hacía a sus trabajadores.
Ante este escenario la empresa inicia el proceso de venta en el año 2013 a la compañía canadiense Minera Panamá y hace una promesa a la CSS, de que luego de la venta se iba a cancelar el dinero que se le debía a la entidad de seguridad social, pero nunca se hizo, señala Romero.
En el 2014 se dio la venta a la transnacional First Quantum Minerals, pero Petaquilla no honró la deuda que tenía con la institución por lo que los trabajadores perdieron esos años de cuota, asegura.
En el año 2016 se vencen los 20 años de concesión y el presidente de ese entonces Juan Carlos Varela el 30 de diciembre extiende la concesión, a pesar de que había una demanda que se tramitaba en la Corte Suprema de Justicia.
En el audiovisual que fue producido en orden cronológico de los hechos, se destaca que el fallo favoreciendo a Panamá era de esperarse, pero la empresa minera Panamá pide una aclaración a la corte.
Romero señala que estos recursos de aclaración, duran como máximo tres meses, solicitud que coincidentalmente se hizo durante el mismo quinquenio del gobierno de Juan Carlos Varela que había prorrogado la concesión, respuesta de la Corte que en esta ocasión tardó cuatro años.
El fallo de la Corte se publicó en diciembre del 2021 y desde entonces legalmente finalizó el contrato con la minera, pero la compañía siguió extrayendo material de la mina y desde entonces no pagó ni un centavo más a Panamá, dice el documento electrónico.
Ahora el nuevo contrato le da concesiones adicionales a la empresa, entre ellas portuarias, eléctricas, aéreas, inmobiliarias y el derecho a expropiación de tierras, a cambio de un pago de 375 millones de dólares anuales, pero sujeto a una serie de condiciones del mercado de minerales.
«Cualquier país serio hubiera parado la minería desde el año 2017, pero no lo hicieron y peor nos están tratando de vender la idea que hay que continuar con la minera porque si se cierra se perdería muchos empleos y la CSS perderá un ingreso muy importante», señala.
La CSJ declaró inconstitucional el contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997, entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A. tras considerar que no cumplió con los principios básicos de contratación pública.
En el fallo los magistrados concluyeron que el documento preparado y aprobado durante el gobierno de Pérez Balladares, no representaba los mejores intereses para el Estado, era además, ajeno al bienestar social y al interés público.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá (Fedap), Donaldo Sousa dijo que la empresa de minería que inició los trabajos de explotación en el área de Coclé y Colón, recibió la autorización de la Asamblea Nacional, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, pero todos los gobiernos que se sucedieron también tienen un grado de responsabilidad, porque han seguido avalando los trabajos de minería en Panamá.
La Fedap en su último comunicado declaró «Non Grato» a todos los gobiernos y empresas extranjeras, o nacionales, que adelanten la minería a cielo abierto en el país y condenó por traidores a la vida y a la patria, a todos los funcionarios públicos y ciudadanos panameños que apoyen, firmen, aprueben, o tramiten cualquier acto, a favor de la minería metálica.
«La minería, es un producto del sistema contaminado presidencialista, que responde a intereses económicos y no permite que los actores del país, en particular los profesionales, científicos idóneos, participemos en las decisiones del estado, por ello, es necesario un salto de calidad histórico, mediante una Constituyente Originaria, que permita un sistema, que responsa a la vida de la nación», dice el comunicado.
El gremio de profesionales está convocando a todos sus miembros, a que se manifiesten y se sumen a la lucha contra la minería metálica a cielo abierto y su contrato que calificaron de «nefasto».
Ayer, las protestas en contra del contrato entre el Estado y Minera Panamá continuaron en los predios de la Universidad de Panamá, provocando el cierre de la vía Transístmica y áreas aledañas por más se 7 horas.