Aún no se logra  una administración de justicia imparcial y respetuosa del estado de  derecho

Ashley Powell / La Verdad Panamá

Es importante que se comprenda que los acuerdos para lograr el objetivo de contar con una Administración de Justicia confiable, fueron asumidos por los tres órganos del Estado, sin embargo, no todos se han comprometido en hacer los cambios sugeridos, mientras   la misma sigue  arrastrando debilidades, reconoció a La Verdad Panamá, Carlos  Lee, dirigente  de Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Unos porque no aportan los recursos necesarios, otros porque no han empeñado todos los esfuerzos para hacerlos y quien pierde es el país ya que no logramos tener una Administración de Justicia confiable, independiente imparcial y respetuosa del Estado de Derecho.

Explicó que no existe una decisión de quienes conducen el Estado, de comprometerse en reforzar un Estado Democrático de Derecho, es por eso que no se establecen todas las condiciones para que la Administración de Justicia supere las debilidades que viene arrastrando desde hace mucho tiempo, por lo que la ciudadanía sigue percibiendo que no se ha avanzado en la dirección correcta que nos garantice una justicia, independiente, imparcialidad y respetuosa de los derechos humanos.

El Pacto de Estado por la Justicia de 2005, después de un diagnóstico del estado en que se encontraba la Administración de Justicia, logró avances importantes, uno de ellos  fue colocar el tema de Justicia en la agenda pública, se deja a un lado la idea de que los temas de justicia sólo eran de interés de las partes involucradas en un proceso.

Se convierte en tema de interés colectivo, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y el ciudadano común se interesan en los temas de justicia y se comprende que la democracia no puede existir en una sociedad que no tiene un sistema de justicia fuerte, independiente e imparcial.

Señaló que se hacen recomendaciones muy específicas para lograr el objetivo de contar con una Administración de Justicia confiable generadora de paz social y seguridad jurídica. Entre estos, el cambio del sistema penal inquisitivo al sistema pena acusatorio, conocido también como garantista.

Se acordó también modificar tanto la Justicia civil, como modernizar la justicia contenciosa administrativa, que aún están pendientes, se modificó la justicia de policía transformando las corregidurías por la Justicia Comunitaria de Paz, y se planteó modificar la forma de designar a magistrados de la Corte Suprema y a los Procuradores, con una propuesta transitoria y de cambio constitucional, de tal manera que dicha designación se aleje del control político, entre otros acuerdos.

La Administración de Justicia es una de las acciones que forman la acción del Estado frente a su responsabilidad por defender y promover un Estado Democrático de Derecho por lo que es una responsabilidad que no se puede evaluar aislado o separado de los otros dos órganos que componen la estructura del Estado Panameño.

Indicó que se han dado algunos avances importantes a nivel de las normas procesales encaminadas a mejorar la efectividad y eficacia de la Justicia, pero no es suficiente ya qué hay que preparar a las personas que deben aplicar las normas.

Considera que la nueva ley de carrera judicial, Ley 53 de agosto del 2015, es un buen paso en la dirección correcta para que se seleccionen a los mejores funcionarios para ejercer la judicatura e impartir Justicia.

No obstante,  como prueba que no existe un alineamiento de todos los órganos del Estado, para hacer efectiva su aplicación, no se han otorgado los recursos económicos necesarios para su aplicación.

No se han podido someter a concursos todos los cargos que son ocupados interinamente, no se han realizado las evaluaciones de desempeño periódicas, las auditorías en cada despacho que contribuya a la trasparencia en las acciones judiciales, no se ha establecido la nueva jurisdicción de trasparencia e integridad que deberá investigar y resolver todas las quejas o denuncias contra la actuación de los funcionarios, entre otras inconsistencias producto de la falta de recursos económicos.