Auxilios económicos a funcionarios es una piñata interminable y sin fiscalización
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El otorgamiento de auxilios económicos que brinda el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), sigue siendo cuestionado a través de las redes sociales, canales de comunicación que utiliza la población para desahogarse, ante la casi nula actuación de los organismos de fiscalización del país.
Ante la danza de millones de dólares otorgados en auxilios económicos, el abogado Ernesto Cedeño se ha tomado muy en serio el tema y cargado con el peso de las denuncias y solicitudes de investigación ante las autoridades.
En octubre del año pasado estalló el escándalo del otorgamiento de auxilios económicos a personas con un alto poder adquisitivo, práctica que un año después ha continuado y cuyas denuncias abundan las redes sociales.
El abogado Alfonso Fraguela está claro que los auxilios económicos han sido otorgados a personas que tienen recursos y que trabajan, individuos que pueden solicitar un préstamo para estudios y pagarlo cuando terminen.
A juicio del jurista, lo que han hecho es valerse de este beneficio «llamado Auxilio» para estudiar carreras costosas, limitando la posibilidad de que más ciudadanos puedan educarse.
«Veo con mucha preocupación la forma como se han otorgado las becas y los auxilios, creo que esto tendrá repercusiones legales cuando termine el gobierno», aseguró.
Fraguela no descarta ver a los actuales funcionarios dando explicaciones ante el Ministerio Público de cómo se otorgaron esos beneficios, a quiénes se les otorgó, y bajo qué criterios, y si el solicitante tenía ingresos o no para calificar para el programa.
Ha transcurrido un año desde que el abogado Ernesto Cedeño presentó una denuncia ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), demanda relacionada con los auxilios económicos que otorga el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
La Antai tras la investigación dijo que de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, toda la información con relación al uso y disposición de fondos del Estado es información de carácter pública y por tanto el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos se encuentra en obligación de brindar información respecto al funcionamiento y desarrollo de actividades que desarrolla, así como toda la información en relación a los programas ejecutados, máxime cuando ello Involucra la utilización de fondos públicos, de conformidad con lo que al efecto disponen los artículos 8 y 10 de la referida ley.
La institución instruyó al Ifarhu para que proceda con la confección de un Reglamento del programa de Auxilio Económico, estableciendo la apertura de una convocatoria pública con fecha de inicio y cierre, así como la realización del anuncio público de los beneficiarios, con inclusión de las áreas de estudios definidas para su aplicación.
También le pidió establecer la documentación específica que debe acompañar la solicitud del aspirante y que el beneficiario sea escogido por méritos académicos, necesidad económica o como reconocimiento a estudiantes destacados deblendo establecer el Indice o promedio académico minimo para los aspirantes, así como la consideración e inclusión de los grupos vulnerables y el establecimiento de requisitos especiales para tales grupos.
Desde la emisión de estás recomendaciones que hizo la Antai al Ifarhu, poco o nada se ha sabido sobre su cumplimiento, razón por la cual Cedeño presentó una demanda por desacato, recurso que no fue admitido por la Autoridad de Transparencia.
La Antai rechazó el desacato porque el solicitante no especificó cuál de las causales del articulo 1932 del Código Judicial motiva el desacato alegado, ni se brindan los hechos que sustentan la causal.
Según Cedeño las mentiras tienen patas cortas. «Hoy la Antai dice que le está exigiendo un informe al Ifarhu sobre la implementación de sus recomendaciones sobre los auxilios económicos».
El abogado dice desde el mes de septiembre del 2023 le está pidiendo a la Antai que le ordene al Ifarhu el cumplimiento de sus observaciones, «pero ahora se salen con la no admisión del desacato, cuando lo que yo estaba rogando era una fiscalización. Que pena», señaló.
Desde que se desató el escándalo de los auxilios económicos, los panameños no han dejado de utilizar las redes sociales para denunciar lo que considera un acto de corrupción que tendrán que dilucidar ante las autoridades.