Caso UPAM: títulos sin valor y fallas del Estado en la mira
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El caso de la Universidad Panamericana (UPAM) entra en su fase más delicada: las consecuencias. Más allá del cierre, el país enfrenta un escenario de incertidumbre sobre el valor de los títulos emitidos y la eficacia de los controles estatales.
En ese contexto, el docente y exministro de Educación Miguel Ángel Cañizales advierte que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino el reflejo de fallas estructurales en la supervisión.
“Falta de supervisión del MEDUCA. Existe una dirección de tercer nivel que debería atender la educación superior”, afirmó, señalando directamente al Ministerio de Educación como responsable de control.
Más allá del cierre, el debate se centra ahora en el valor real de los títulos emitidos y en la efectividad de los mecanismos de fiscalización.
Títulos: no todos valen igual
Uno de los efectos más inmediatos recae sobre los egresados. Según Cañizales, en el sector privado la acreditación no siempre es determinante. Sin embargo, en el ámbito académico y en universidades oficiales, sí puede convertirse en un requisito clave.
Incluso, advirtió que algunas instituciones podrían exigir acreditación previa para permitir la continuidad de estudios, lo que coloca a muchos graduados en una situación incierta.
A esta incertidumbre se suma la falta de información pública. Según fuentes consultadas, no existe una cifra clara sobre la cantidad de egresados de la UPAM, lo que añade un elemento adicional de opacidad al caso.
Supervisión en entredicho
El exministro fue categórico al evaluar la actuación estatal. “Sin duda alguna falló la supervisión del Estado. Esa universidad siempre tuvo problemas de muchas índoles”, sostuvo.
Sus declaraciones refuerzan la percepción de que las irregularidades eran conocidas, pero no atendidas oportunamente.
Fondos públicos bajo la lupa
El uso de recursos del Estado añade otro elemento de preocupación. Sobre los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Cañizales consideró que debieron evitarse.
“Un criterio debería ser la acreditación, porque es una forma de rendición de cuentas”, indicó.
¿Un caso aislado?
La posibilidad de que existan otras instituciones en condiciones similares sigue abierta. Para Cañizales, esa respuesta la tiene el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), entidad encargada de la acreditación en el país.
El caso UPAM ya no se trata solo del cierre de una universidad. El foco ahora está en el sistema: cómo se supervisa, quién responde y qué garantías tienen los estudiantes en Panamá.