Contraloría frena contratos de la basura en San Miguelito por inconsistencias de todo tipo
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Contraloría General de la República le metió el freno a los contratos de recolección de basura en San Miguelito tras detectar un rosario de inconsistencias legales, técnicas y presupuestarias que hacen imposible su refrendo.
Luego de un análisis integral, técnico y jurídico, la entidad fiscalizadora decidió no refrendar los convenios vinculados al servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito, al comprobar que no cumplen con los requisitos mínimos para su viabilidad administrativa y legal.
Entre los hallazgos clave, la Contraloría recordó que mediante la Resolución No. 01-2026 del 13 de enero de 2026, la Junta Directiva Extraordinaria de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), por instrucciones del Órgano Ejecutivo, autorizó que la AAUD asumiera la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio en San Miguelito a partir del 19 de enero de 2026, conforme a la Ley 51 de 2010 y la Ley 276 de 2021.
Esto deja sin piso la firma de nuevos contratos, ya que la AAUD incluso intervino desde el 1 de enero de 2026 en los nueve corregimientos del distrito por razones sanitarias.
Según la Contraloría, aprobar convenios paralelos generaría una dualidad en la prestación del servicio, algo jurídicamente inviable.
El informe también destapó incumplimientos técnicos y administrativos graves, como la falta de permisos obligatorios emitidos por la AAUD para prestar el servicio y la ausencia del Permiso Sanitario de Operación vigente, exigido por el Decreto Ejecutivo No. 176 de 2019 para actividades que impactan directamente la salud pública.
A eso se suman inconsistencias contractuales: no se definió con claridad cuántas toneladas se recogerían, cuánto se pagaría mensualmente ni cuáles serían los plazos reales de pago. Además, se pretendía incluir pagos por excedentes de toneladas no autorizados, sin respaldo legal ni presupuestario.
En materia de fiscalización, no existe una partida presupuestaria claramente identificada en el presupuesto municipal de San Miguelito para la vigencia 2026, no se presentó estudio de mercado ni análisis de precios que justificaran el costo del servicio y tampoco se entregó un desglose técnico del costo por tonelada firmado por un profesional idóneo.
La Contraloría subrayó que su actuación responde a la defensa del interés público, al uso correcto de los recursos del Estado y al cumplimiento estricto de la ley, advirtiendo que ningún contrato será refrendado si no cumple con todos los requisitos legales, técnicos y presupuestarios.