Contraloría ordena secuestro de bienes al exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes por un monto de 285 mil 845 dólares con 82 centavos al exalcalde del distrito de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, como parte de un proceso administrativo derivado de presuntas irregularidades detectadas en los fondos recaudados por la agencia municipal de Metro Mall, durante los meses de marzo y abril de 2022.
La medida, instruida por el contralor Anel Flores, incluye la retención preventiva de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos, valores y créditos contra el Estado que figuren a nombre de Carrasquilla y de otros exfuncionarios vinculados al caso, entre ellos Sulay Linares, Gelacio González y Pedro Perea, quienes también aparecen señalados en el informe de la Dirección Nacional de Auditoría Forense. Según fuentes oficiales, el objetivo de la acción es garantizar la recuperación de los fondos públicos supuestamente comprometidos.
El documento técnico elaborado por auditores forenses de la Contraloría detalla que se detectaron movimientos financieros irregulares en los ingresos generados por la agencia municipal, correspondientes a tasas, permisos y cobros de gestión, cuyo destino no fue debidamente acreditado en las cuentas municipales.
La auditoría concluyó que hubo una diferencia contable significativa entre los montos recaudados y los efectivamente reportados, razón por la cual se ordenó la medida de secuestro de bienes.
Aunque la decisión se ejecutó de manera formal esta semana, la Contraloría no ha publicado aún el comunicado oficial ni la resolución correspondiente en su portal institucional, situación que mantiene en reserva los detalles del procedimiento.
No obstante, fuentes cercanas al proceso confirmaron a La Verdad Panamá que el expediente se encuentra bajo análisis jurídico, mientras se evalúan posibles responsabilidades administrativas y patrimoniales.
Héctor Valdés Carrasquilla, quien fue alcalde de San Miguelito por más de una década, acumula varios procesos de fiscalización relacionados con su gestión al frente del municipio, especialmente por supuestos manejos irregulares en el uso de fondos y en la adjudicación de contratos.
El exfuncionario no se ha pronunciado públicamente sobre esta nueva acción, aunque su defensa ha sostenido en anteriores casos que las auditorías responden a “persecución política” y que todas las cuentas municipales fueron debidamente auditadas al cierre de su administración.