Cuestionan imparcialidad en regulación del transporte digital en Panamá
El debate sobre la regulación de plataformas digitales de transporte como Uber e inDriver vuelve a tomar fuerza, luego de que el empresario y asesor en temas de movilidad, Esteban Flores, cuestionara la participación de dirigentes del transporte tradicional en cargos de dirección dentro de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
“Es como poner al ratón a cuidar el queso”, expresó Flores al referirse a lo que considera un claro conflicto de interés en la toma de decisiones regulatorias. A su juicio, personas vinculadas a prestatarias, concesionarias o gremios del transporte no pueden actuar con imparcialidad al momento de fiscalizar plataformas que compiten directamente con el sistema tradicional.
Flores, quien también es miembro de FEDECAMARA, recomendó al presidente de la República, José Raúl Mulino, que la ATTT sea dirigida por funcionarios independientes, sin vínculos con sindicatos o empresas del sector transporte. En ese sentido, cuestionó la permanencia de Justo Castañeda como secretario general de la entidad, señalando su relación con la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA).
El empresario advirtió que la situación se agrava cuando actores del transporte organizado participan en decisiones que impactan directamente a las plataformas digitales. “Un dirigente no puede ser neutral al momento de regular el mismo sector del que forma parte”, sostuvo.
Asimismo, Flores criticó el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que buscaba regular a Uber e inDriver bajo la figura de “transporte selectivo de lujo”, pero que posteriormente fue derogado por el Gobierno tras recibir fuertes cuestionamientos de usuarios, conductores y sectores empresariales.
Según el analista, la normativa evidenciaba una inclinación hacia los intereses del transporte tradicional, al proponer un modelo que, en la práctica, trasladaba el control de las plataformas digitales a estructuras dominadas por prestatarias.
El tema reabre la discusión sobre la necesidad de garantizar transparencia e imparcialidad en la regulación del transporte en Panamá, en un contexto donde la convivencia entre el modelo tradicional y las nuevas plataformas digitales sigue generando tensiones.