Defensa de Papadimitriu alega “ausencia total de delito” y acusa al Ministerio Público de manipular pruebas
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El abogado Arturo Saurí, defensor del exministro Demetrio Papadimitriu, sostuvo ante el tribunal que no existe delito alguno en las transferencias investigadas y acusó al Ministerio Público de construir una teoría “selectiva y distorsionada” de los hechos.
Durante sus alegatos, Saurí afirmó que los movimientos de dinero señalados por la fiscalía tienen sustento contractual, al presentar un acuerdo fechado el 31 de marzo de 2010, firmado por Olivio Rodríguez en representación de la sociedad Construcciones y Materiales S.A., el cual según la defensa coincide en tiempo y forma con las transferencias recibidas desde la Constructora Internacional del Sur.
El jurista cuestionó que este contrato, pese a formar parte del expediente, no fue considerado por el Ministerio Público al momento de estructurar la acusación.
“Se creó la ficción de que no existía relación comercial”, alegó, señalando que la fiscalía solo incorporó parcialmente documentos del expediente, limitándose hasta ciertos tomos y omitiendo piezas clave.
Saurí también respaldó su argumento en informes periciales y en el análisis de la capitana Damaris Rodríguez, quien según expuso había reconocido la existencia de vínculos comerciales entre las partes investigadas.
En cuanto al fondo del proceso, la defensa insistió en que no se ha podido establecer ningún acto delictivo atribuible a su cliente.
Subrayó que Papadimitriu no participó en la selección de proveedores, adjudicación de contratos, modificación de condiciones ni en la agilización de pagos dentro del proyecto de la Línea 1 del Metro. “No tenía capacidad funcional para incidir en esos procesos”, remarcó.
El abogado fue enfático al señalar la ausencia de dádivas y de nexo causal entre los pagos y el cargo público ejercido por su representado.
Aseguró que las transacciones se originaron en una relación comercial legítima entre la empresa y el padre del exministro, sin que ello implique responsabilidad penal para Papadimitriu.
Sobre el origen de los fondos, Saurí argumentó que los recursos provenientes de estructuras financieras vinculadas a la constructora brasileña respondían a esquemas de contabilidad paralela que, en su país de origen, configuran faltas de tipo electoral o fiscal, no necesariamente actos de corrupción.
En ese sentido, sostuvo que para que estos hechos constituyan delito en Panamá, debe probarse que los fondos tenían como finalidad corromper a un funcionario público, lo cual según dijo no ha sido acreditado.
La defensa también destacó que tribunales de Brasil habrían anulado elementos probatorios derivados de colaboradores eficaces en este caso, lo que, a su juicio, debilita aún más la acusación.
Otro de los puntos cuestionados fue la supuesta vinculación de Papadimitriu con cuentas en la banca privada de Andorra. Saurí citó declaraciones testimoniales que, según afirmó, desmienten cualquier relación del exministro con dichas estructuras financieras.
Asimismo, calificó de “grave y temerario” que el Ministerio Público haya atribuido afirmaciones a testigos que según la defensa no constan en los registros originales del expediente, particularmente en lo relacionado con supuestos pagos ilícitos.
En la recta final de su intervención, el abogado reiteró que no existen elementos de blanqueo de capitales, al no haberse probado ocultamiento, simulación de bienes ni retorno de beneficios.
Añadió que las sociedades involucradas mantenían registros y trazabilidad verificables, incluyendo documentación de debida diligencia.
Finalmente, Saurí solicitó al tribunal que se desestime la acusación, al considerar que los hechos no encajan en el tipo penal imputado por el Ministerio Público y que no se han cumplido los presupuestos básicos del delito.
“No hay origen ilícito, no hay conocimiento, ni participación de mi representado en actividad ilegal alguna”, concluyó.