Demandarán al Estado ante el Tribunal de La Haya por dar concesión a minera
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El Estado panameño será demandado ante el Tribunal Internacional de la Haya, si la Asamblea Nacional aprueba el contrato ley que el gobierno firmará en los próximos días con la empresa Minera Panamá, acuerdo que según los expertos viola la Constitución Nacional.
Tan solo este miércoles el Consejo de Gabinete dio su visto bueno al ministro Alfaro Boyd para que firme en representación del Estado el nuevo contrato con la empresa Minera Panamá.
Según el ejecutivo, este contrato es un triunfo histórico para Panamá y mejor en todo aspecto que el Contrato-Ley No. 9 de 1997, porque asegura un pago mínimo de B/.375 millones al Estado, lo que se traduce en una compensación justa por los recursos naturales del pueblo panameño.
El nuevo contrato con la empresa Minera Panamá S.A. que establece una regalía del 12% al 16% de la ganancia bruta y también contempla mejoras significativas en materia laboral y ambiental para el Estado.
Pero los detractores del proyecto señalan que es propaganda mediática la que está anunciando el gobierno y que detrás de todo hay una danza de millones que beneficiará a los que están detrás de la firma de este documento.
El abogado y experto en derecho ambiental Donaldo Sousa ha sido un crítico permanente de la minería a cielo abierto y rechaza este documento porque es una ofensa al pueblo panameño.
Reveló que se adelantan gestiones para demandar al Estado panameño ante el tribunal internacional de La haya y para ellos se está buscando países solidarios de centroamérica que quieran apoyar al país en esta lucha.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá (Fedap), dijo que la demanda sería contra el Estado panameño y la minera porque se están violando acuerdos de cambio climático y convenios de biodiversidad.
Sousa aseguró que incluso el presidente de la República Laurentino Cortizo puede ser objeto de demanda y juzgado por la Asamblea Nacional porque está violentando artículos de la constitución, pero dijo que le tiene poca fe a un enjuiciamiento al mandatario.
«Tanto el presidente como los ministros de Estado que firmaron la autorización para que se rubricara el documento están cometiendo un acto criminal penalizado por el ordenamiento jurídico y a nivel internacional», dijo.
Sousa, explicó que los delitos ambientales que ha cometido la empresa durante estos años, afectan al patrimonio histórico que tiene la República de Panamá, ya que han arrasado con todos los vestigios arqueológicos que representan al país, afectando la biodiversidad.
Según el experto, el crimen ambiental es el peor delito que existe ya que es una afectación masiva contra el ambiente y la vida, pero en lugar de desistir de este contrato con la empresa minera se autoriza que sea firmado el contrato ley con el Estado.
Sousa dijo que las autoridades deben desistir de este contrato tal como lo hicieron los países de centroamérica que no tienen minería a cielo abierto porque estos proyectos afectan al país y a los panameños.
Las voces en contra de la accion del gobierno de favorecer a Minera Panamá, exigen que este contrato no sea firmado en la Asamblea Nacional e incluso realizarán acciones de protesta como forma de presión.
El abogado Ramiro Guerra otro crítico de la mineria dijo que al gobierno le ha resbalado el tema de la transparencia y este contrato se ha manejado a través de propaganda mediática y en cuartos refrigerados.
Guerra dijo que la consulta que se hizo no es vinculante y se desconoce quienes participaron. «Lo ideal hubiera sido realizaron plebiscito y conocer la opinión de todo el pueblo panameño».
Calificó el contrato como un proyecto de mucho agravio para la República de Panamá y para los panameños que son dueños de los recursos que hay en el país.
El abogado también citó violaciones a la Constitución política de la República porque detrás de la empresa se comenta que hay estados panameños propietarios de acciones y eso lo prohíbe la carta magna.
«Al gobierno no le ha dado la gana de aclarar la veracidad o no de esas afirmaciones y hay un total silencio y entre los abogados hay un dicho que dice el que calla otorga y el gobierno ha callado en esta materia y no dice nada», sostuvo visiblemente molesto.
El jurista dijo que detrás de ese contrato hay un gran negocio y una partida de vendepatria que están detrás de esto vendiendo el país y la nación a esta empresa transnacional.
Guerra criticó a los miembros del gabinete que no tuvieron la hidalguía, valentía y dignidad de decirle al presidente de la República que no iban a firmar, pero más pesa el salario y aprobaron la resolución por lo que tendrán que rendir cuentas a la patria.
El jurista aseguró que lloverán demandas de inconstitucionalidad contra ese contrato en la Corte Suprema de Justicia y tendrá el máximo tribunal d país que tomar una decisión ante los recursos que se presenten por la ilegalidad del documento.
Guerra adelantó que el contrato cede el espacio aéreo panameño a la transnacional, lo que viola la soberanía nacional y la jurisdicción del país, además por el uso de miles de hectáreas y de los recursos hídricos.
El abogado dijo que se mantendrá firme en su posición, porque es una aberración lo que se está haciendo con los panameños, así que seguirá vigilante y seguirá alzando su voz de protesta ya que no es un traidor a la patria.
El cuestionado contrato debe ser firmado en los próximos días y luego ser remitido a la Contraloría General de la República para su refrendo, para luego ser presentado ante la Asamblea Nacional para su debida aprobación.
De ser aprobado en la asamblea nacional será enviado al ejecutivo para que sea sancionado por el presidente de la República de Laurentino Cortizo.
En este órgano del estado se espera amplias discusiones y voces en contra al proyecto, incluso, de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que apoyan la actual gestión gubernamental.