Denuncia contra botellas sacude la Asamblea: juristas piden investigación sin impunidad
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La denuncia presentada por la Contraloría General ante el Ministerio Público por la presunta existencia de cientos de “botellas” en planillas de la Asamblea Nacional ha desatado una ola de reacciones en el ámbito jurídico.
Reconocidos abogados del país han alzado la voz para exigir que la investigación se realice con rigor, profundidad y sin contemplaciones, advirtiendo que la impunidad no puede seguir siendo la norma cuando se trata del manejo de fondos públicos.
Mientras algunos ven el paso como un avance institucional, otros advierten que podría tratarse de un acto mediático si no se alcanza a los verdaderos responsables del escándalo.
Tres reconocidos juristas panameños reaccionaron a la reciente denuncia presentada por la Contraloría General de la República ante el Ministerio Público, relacionada con la existencia de “botellas” en la Asamblea Nacional.
El abogado Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, calificó el acto como un paso fundamental en la lucha contra la corrupción.
“Es un paso importante. La obligación de denunciar debe ser la característica de todos los funcionarios tan pronto tienen conocimiento de hechos que podrían ser delitos», aseguró.
El expresidente del colegio señaló que con este paso, la Contraloría cumple su deber constitucional por lo que ahora le corresponde al Ministerio Público cumplir su deber de investigar cada caso.
Por su parte, el abogado y analista político Alfonso Fraguela advirtió que el tema debe manejarse con cautela para no perjudicar a quienes sí cumplen con sus funciones.
“Este tema debe aclararse ya que es delicado, y también se está causando daño a muchas personas que trabajan, que emarcan y cumplen con su función dentro de ese Órgano del Estado», dijo.
Fraguela espera que no continúe o se haga costumbre la práctica de retener los cheques de funcionarios de la asamblea con el mero fin de sumar desprestigio a ese órgano del Estado.
«Esperamos que la celeridad del Ministerio Público arroje resultados rápidamente. Y estamos seguros de que los afectados harán valer su derecho al pago por el servicio prestado al Estado”, dijo.
Fraguela espera que los funcionarios de la contraloría hayan examinado cada caso, para llegar a esa conclusión, porque de lo contrario deberán asumir las responsabilidades de sus actuaciones.
Más crítico fue el exdiputado y diplomático Guillermo Cochez, quien respaldó la acción del Ministerio Público, pero expresó escepticismo.
“Me parece muy bien lo que está haciendo la Contraloría. Todos los panameños esperamos que esto llegue hasta el final porque, si no, pasará lo de siempre: que serán los más tontos los que van a la cárcel«, sostuvo.
El exdiputado elevó casi una plegaria para que esta denuncia contra los diputados en realidad vaya en serio.
Pero Cochez fue más allá al cuestionar la voluntad del contralor Gerardo Solís. “Cuando yo vea que el contralor investiga a Gerardo Solís y a José Gabriel Carrizo, entonces comenzaré a creer lo que el contralor está haciendo», dijo.
Según Cochez, mientras no ocurra eso, «a mi juicio es pura bulla porque yo creo que debieron ser los primeros investigados», dijo
La denuncia de la Contraloría ha generado un nuevo capítulo en la controversia sobre el uso de fondos públicos en la Asamblea, y ahora queda en manos del Ministerio Público determinar responsabilidades.