Denuncian negligencia fiscal en Panamá Oeste en caso de mujer agredida por expareja policía
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Una grave denuncia sacude a la Sección de Familia del Ministerio Público en Panamá Oeste, luego que una mujer compareció ante la autoridad con miedo evidente, lesiones visibles y tras haber estado en una situación de riesgo real e inminente para su vida, sin que según la parte denunciante se adoptaran medidas proporcionales a la amenaza que enfrentaba.
De acuerdo con la información, la víctima habría sido agredida por su expareja, un miembro activo de la Policía Nacional, institución cuya misión constitucional es proteger y servir a la ciudadanía, pero que en este caso aparece señalada por todo lo contrario: ejercer violencia contra quien fuera su esposa.
La denunciante sostiene que no se trataba de un episodio aislado, sino de una cadena de hechos previos de violencia que culminaron en un reciente evento que podría configurar un presunto intento de femicidio, por la gravedad del ataque y el peligro inmediato para la vida de la mujer.
Sin embargo, pese a los hechos, la Fiscalía de Familia no habría valorado correctamente el nivel de riesgo para dictar medidas de protección efectivas, idóneas y proporcionales, optando por una respuesta calificada como endeble e insuficiente frente a una amenaza que no admitía medias tintas.
La situación genera alarma porque no solo está en juego la seguridad de una víctima, sino la credibilidad del sistema de justicia cuando el presunto agresor es un funcionario armado del Estado, con acceso a entrenamiento, poder y capacidad real para causar daño.
El caso revive un recuerdo doloroso en Panamá Oeste: hace apenas meses, en La Chorrera, una mujer que acudió al Ministerio Público en busca de protección terminó siendo asesinada por su agresor, luego de que las alertas no fueran atendidas con la urgencia debida.
Ese antecedente obliga según juristas consultados a extremar la evaluación de riesgo, la debida diligencia y la aplicación del enfoque de género en todos los procesos por violencia contra la mujer, especialmente cuando existen signos visibles de peligro inminente.
En este nuevo episodio se advierte que las omisiones podrían comprometer la responsabilidad funcional de las fiscales intervinientes, al no garantizar el deber legal de protección reforzada que imponen la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la legislación penal vigente.
“No es un trámite administrativo, es una vida en riesgo”, advierten fuentes ligadas al caso, que consideran que la actuación fiscal no estuvo a la altura de la amenaza descrita por la víctima ni del estándar mínimo que exige la ley.
El llamado final apunta directamente al Procurador General de la Nación, para que ordene cambios en todo el engranaje de coordinación del Ministerio Público en el Oeste y disponga una revisión exhaustiva, objetiva e inmediata de la actuación fiscal.
La exigencia es clara: que ninguna mujer que acuda al sistema de justicia con temor por su vida sea tratada como un expediente más, sino como una persona en situación de alto riesgo que requiere una respuesta institucional efectiva, urgente y firme.
Para la parte denunciante, este caso ameritaba incluso la aprehensión inmediata del presunto agresor, no solo por la gravedad de los hechos, sino por el peligro que implica que un agente armado del Estado sea señalado por violencia extrema contra su expareja.