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Denuncian negociado de tierras en tres islas del Archipiélago de Las Perlas

Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá

Residentes del archipiélago de Las Perlas reclaman la propiedad de tres Islas que fueron vendidas a un extranjero y otras a precios irrisorios que luego se traspasaron a terceras personas por sumas millonarias.

La historia de estás islas datan del año 1869, cuando el gobierno colombiano entregó 209 hectáreas de tierra del archipiélago de las Perlas a un pueblo afrodescendiente traído durante la conquista para la búsqueda de perlas y otros recursos preciosos.

Este territorio incluye las islas de Casaya con una extensión de 209 hectáreas, Casalleta con 27 hectáreas y Bolaños que mide 19 hectáreas.

En estas islas hoy en disputa se encontró la famosa «Perla Peregrina», una de las joyas más valiosas del mundo.

En 1996, durante la presidencia de Ernesto Pérez Balladares, el gobierno emitió dos resoluciones que entregaban formalmente las tierras a los residentes de las islas, explicó el vocero de los residentes que reclaman la propiedad.

Según la fuente, las resoluciones establecieron que el municipio de Balboa, jurisdicción a la que pertenecen las Islas, debía titular gratuitamente estas tierras a los pobladores.

Sin embargo, el municipio consideró que las tierras eran ejidos municipales y comenzó a vender, alquilar y enajenar las propiedades, burlándose de las resoluciones.

El municipio también privatizó las dos fuentes de agua del pueblo, quitó la escuela y el centro de salud, dejando a los residentes sin servicios básicos, según denuncia que se hizo pública en el programa radial del periodista Julio Miller en la emisora KW Continente. 

El portavoz de los residentes explicó que tras las acciones municipales, muchos habitantes, especialmente los jóvenes, tuvieron que emigrar de las islas.

Después de una larga batalla legal de más de 2 años y medio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una resolución en diciembre de 2022 que le quitaba la competencia al municipio por haber violado la escritura pública, aseguró el vocero.

Añadió que la resolución del Mef, devolvió la propiedad de las tierras a la nación panameña sin embargo cuatro años antes, en 2018 el municipio había entregado ilegalmente la isla Bolaños que tiene una extensión de 19 hectáreas al ciudadano extranjero, Bernard Eichmann, quien cambió el nombre a «Sony Island».

Además, 24 de las 27 hectáreas de Casalleta fueron vendidas por el municipio a un precio muy bajo (25-50 centavos/m²) y luego revendidas por 16.5 millones de dólares.

Los residentes han denunciado estos hechos a la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía Anticorrupción.

La denuncia ante la CIDH se efectuó el 11 de julio pasado sobre la apropiación ilegal de sus tierras, mientras la defensoría ha solicitado al nuevo gobierno un informe del caso, a fin de estudiar el tema y poder dar una mejor respuesta a la CIDH.

En septiembre de 2024 se realizará una reunión presencial con representantes de organismos internacionales que están investigando el caso.

En tanto, la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, conllevó a que la Contraloría General de la República realizará una auditoría al Municipio de Balboa, informe que identificó a 11 personas vinculadas a un desfalco a la nación panameña, señaló el vocero.

Según una fuente abogadil se trata de un caso grave de apropiación ilegal de tierras ancestrales a una comunidad afrodescendiente por parte del municipio de Balboa, que ha despojado a los residentes de sus propiedades y medios de subsistencia, violando acuerdos y resoluciones gubernamentales.

Existe preocupación por la posible implicación de funcionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y el Registro Público en la apropiación ilegal de estas tierras, dijo el denunciante.

Los residentes han emprendido acciones legales, pero enfrentan obstáculos y demoras en la justicia.