Destituciones ilegales en el gobierno abundan y sin respeto a fallos de la CSJ

Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá

El asesor legal de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), Augusto Berrocal, exigió el reintegro de los trabajadores que han ganado sus demandas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pronto pago de sus salarios caídos y una sanción ejemplar para los funcionarios que han cometido la arbitrariedad.

Berrocal reaccionó luego que La Verdad Panamá, publicara sendos casos de funcionarios públicos que fueron despedidos en esta administración y que tras ganar las demandas, las instituciones no han cumplido con la orden de la CSJ de reintegrar a los trabajadores y mucho menos pagarle los salarios caídos.

El abogado dijo que es lamentable esta situación que ocurre de manera frecuente en las instituciones del gobierno, contra los trabajadores quienes luego de superar las etapas y afrontar un proceso judicial en donde salen victoriosos, no logran tener éxito en lo que dicta la corte.

El jurista dijo que una vez la institución desvincula al trabajador, de inmediato ocupan la vacante con un nuevo nombramiento y luego que el caso es ganado por el funcionario su posición está ocupada por lo que su reintegro tarda meses y hasta más de un año.

“Vemos la situación que está ocurriendo con una compañera en el Ministerio de la Mujer, funcionaria que no ha sido reintegrada a pesar que la CSJ ordenó el regreso a la misma posición y el pago de salarios caídos hace más de un año”, recordó.

Berrocal hace referencia al caso de Amelia Samudio, cuyo abogado presentó una Acción de Desacato en favor de la funcionaria ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, tras doce meses de emitido un fallo de la CSJ, ordenando su reintegro, instrucción de obligatorio cumplimiento y que no ha sido acatada.

El jurista que la defiende está solicitando a la corte que se imponga una multa por el incumplimiento de la Resolución de 11 de abril de 2023, dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que declaró nula, por ilegal, la Resolución Administrativa No. 155 de 25 de mayo de 2021, emitida por el entonces Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

Berrocal dijo que también en la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senniaf), esta el caso de Marcia Cubilla quien está a la espera del pago de salarios caídos, correspondiente a tres años de labores y que a la fecha la directora de la institución Graciela Mauad, no ha ordenado el pago al que tiene derecho la funcionaria por orden de la CSJ.

El asesor legal de la Fenasep señaló que también en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IIDAAN), está el caso de un trabajador con discapacidad y enfermedad crónica y a quien no se le ha pagado sus salarios caídos y solamente se cumplió con su reintegro a la entidad pública.

Berrocar señaló que los directores que proceden con estos despidos, no respetan la ley 59 que protege a los trabajadores con enfermedades crónicas y despiden muchas veces a sabiendas de que el funcionario está bajo el paraguas de esta norma.

Berrocal señaló que se debe implementar una ley de tal forma, que el funcionario que firma el despido del trabajador se haga responsable y sea sancionado monetariamente, en caso de que el empleado público tenga que ser reintegrado a la institución, tras una desvinculación injustificada e ilegal.

El abogado se solidarizó con todos estos trabajadores, a quienes no se les ha cumplido con lo dictado por la corte, funcionarios públicos que sufren todo el proceso que les genera gastos económicos y que es bastante tedioso.

Otro caso que ha generado muchos comentarios en las redes sociales es el de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que también se encuentra en plena desobediencia con la Corte y que los cibernautas calificaron de una especie de desafío, al no acatar la orden de reintegrar a una funcionaria destituida que padece de una enfermedad crónica.

En este caso la máxima corporación de justicia, concedió el Amparo de Garantías a favor de Pastora Castro Pájaro, contra el Resuelto de Recursos Humanos N°23 de 3 de junio de 2022, suscrito por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pero la entidad tampoco ha procedido con su reintegro.

Muchos de los trabajadores estatales afectados por el incumplimiento de su reintegro y el pago de salarios caídos, acuden a la Defensoría del Pueblo, en busca de ayuda, tras considerar que se le vulneraron sus derechos.

La ley que creó la institución defensora de derechos humanos, no tiene poder coercitivo, que obligue a los jefes de las instituciones a reintegrar a los trabajadores, por lo que poco o nada se puede hacer a través de la Defensoría del Pueblo.