Detención de Luis Oliva destapa entramado de corrupción en la plataforma “Listo”
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Ricardo Oliva Ramos, se encuentra bajo detención preventiva tras un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional realizado el miércoles en Parque Lefevre.
La acción forma parte de la Operación Espejo de Cristal, que investiga delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita por irregularidades en el uso de la plataforma digital “Listo”, sistema que manejó subsidios estatales como el Vale Digital durante la pandemia de COVID-19.
Oliva fue conducido a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanecen también empresarios vinculados al caso, entre ellos Budy Attie D’Jamous, Ralph Attie y la abogada Janice Becerra, todos señalados como parte de la red que habría utilizado la plataforma de pagos para desviar recursos estatales.
Antecedentes de la denuncia
La investigación se remonta a diciembre de 2023, cuando el entonces subadministrador de la AIG, Luis Carlos Stoute, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público.
Según Stoute, la transferencia de la plataforma a la empresa Fintek, S.A., constituida en 2022, se realizó sin licitación pública y bajo un esquema de comisiones que generó ganancias indebidas a particulares.
“Se cedieron derechos exclusivos a empresas privadas que cobraban entre 0.5 % y 4.9 % por transacción, afectando los fondos destinados a los programas sociales”, denunció Stoute en entrevistas posteriores.
Por estas revelaciones, el funcionario fue separado de su cargo en febrero de 2024, aunque organizaciones como Transparencia Internacional le dieron respaldo.
Irregularidades confirmadas
Fuentes judiciales aseguran que la Fiscalía Anticorrupción ha verificado pagos estatales a Fintek y a otras sociedades sin la existencia de contratos formales.
Además, se investiga el supuesto uso político del Vale Digital durante la pandemia, así como fallas en los controles de seguridad que permitieron fraudes en la asignación de beneficios.
Las pesquisas incluyen allanamientos en residencias y oficinas, incautación de documentación financiera y declaraciones de exfuncionarios y proveedores estatales.
Impacto político y social
Oliva, quien renunció a la AIG en octubre de 2023 para correr como candidato a diputado por el PRD, enfrenta ahora un proceso judicial que podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más sonados del gobierno anterior.
Próximos pasos
El Ministerio Público ha solicitado audiencias de control de garantías para la imputación de cargos y definición de medidas cautelares contra Oliva y los demás aprehendidos.
La investigación, que sigue en curso, podría ampliarse a otros exfuncionarios y proveedores privados.
Mientras tanto, los detenidos permanecen bajo custodia en la DIJ a la espera de comparecer ante un juez de garantías.