Detienen agresores pero la impunidad sigue suelta: activistas exigen que la justicia deje de proteger violadores
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Las detenciones anunciadas por la Policía Nacional de personas vinculadas a delitos sexuales no fueron recibidas con aplausos, sino con advertencias.
Dos activistas en defensa de los derechos de las mujeres lanzaron duras críticas al sistema judicial y a la débil respuesta estatal frente a la violencia sexual, asegurando que la represión no sustituye a la justicia ni al acompañamiento real a las víctimas.
“Las cifras no significan justicia”
Para Itzel Torres presidenta de la Coordinadora para el Desarrollo Integral de la Mujer (CODIM) se trata de un paso contra los agresores sexuales, pero estas capturas son apenas la superficie de un problema mucho más profundo.
“Este operativo demuestra que las autoridades comienzan a asumir con firmeza una deuda histórica con las víctimas, quienes durante mucho tiempo vieron cómo sus denuncias se archivaban o eran ignoradas.”
Torres subraya que más allá de los anuncios, el cambio requiere actitud institucional y social
“La violencia sexual no puede seguir tratándose como un tema secundario. Es urgente reforzar la educación preventiva, garantizar atención psicológica y legal a las víctimas, y asegurar que las condenas se cumplan sin excepciones.”
Sobre la justicia y la constancia en la aplicación de la ley, añadió que la justicia no puede ser selectiva, ni permitir que el poder o las influencias sean un escudo para los agresores.
«Las detenciones son un paso importante, pero el verdadero desafío es mantener la constancia en la aplicación de la ley y la sensibilización ciudadana.”
Torres también defendió penas más severas a pesar de las leyes aprobadas qué elevaron las penas «me mantengo con la firme convicción de que lo mejor hubiese sido una pena de 50 años sin derecho a ninguna medida cautelar ni rebaja de penas.”
“La violencia sexual no se combate con comunicados”
La activista Lorena González se centró en la prevención y la protección integral de las víctimas, así como en las carencias del sistema judicial.
Señaló que, aunque se están realizando detenciones, no todas las víctimas ni todas las denuncias se ven reflejadas y los procesos judiciales deben garantizar certeza de castigo sin revictimización.
“Tampoco se nos dice cuántos casos llegan a juicio ni cuántos agresores terminan condenados. La justicia no puede limitarse a comunicados.”
González destacó que la prevención debe ser una política activa y constante, no un documento archivado
“Hace falta implementar políticas reales: educación, orientación y campañas permanentes de prevención. No basta con tenerlas en documentos; hay que aplicarlas y brindar atención y protección integral a las víctimas.”
Además, advirtió sobre el impacto cotidiano de la violencia sexual que afecta notablemente la vida diaria al trasladarse al trabajo, universidad, escuelas, incluso en el hogar. Es preciso contar con espacios públicos seguros.
Sobre el registro de ofensores sexuales, subrayó que “La ley que permite la publicación de los ofensores sexuales, es una herramienta de prevención que debe estar siempre vigente.
El Estado tiene que invertir y darle prioridad a la prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia, trabajando de manera articulada entre instituciones.”
“La impunidad es la norma, no la excepción”
Ambas activistas coincidieron en que la verdadera amenaza no son los agresores detenidos, sino la impunidad que sigue dominando el sistema judicial:
“El verdadero problema es que el agresor sabe que difícilmente será castigado. Panamá detiene, pero no condena. Y mientras eso siga igual, los abusos continuarán”, dijo Torres.
Lorena González añadió:
“Mientras la justicia siga flaqueando, la impunidad seguirá siendo el agresor más peligroso del país.”
Estadísticas oficiales de agresiones sexuales en Panamá
Según el informe del Ministerio Público, entre enero y julio de 2025 se registraron un total de 3,392 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, lo que representa una disminución del 9% en comparación con el mismo periodo de 2024.
De estas denuncias, 1,295 correspondieron a violaciones, mientras que 154 fueron por violación doblemente agravada, que incluye casos con menores de 14 años.
En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de Panamá lideró con 763 denuncias, seguida por Panamá Oeste con 474 y San Miguelito con 185.
Las comarcas también registraron casos, destacando la Ngöbe Buglé con 377 denuncias.