DGI da marcha atrás luego del rechazo de los profesionales liberales y deroga medida sobre factura electrónica
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Un retroceso inevitable
La Dirección General de Ingresos (DGI) tuvo que retroceder y procedió a derogar la Resolución 201-7263, un documento que pretendía obligar a los profesionales liberales a someterse a un proceso de certificación para justificar por qué no debían usar factura electrónica ni equipos fiscales.
La medida, que levantó una tormenta en los gremios, fue eliminada en la Gaceta Oficial del 19 de noviembre mediante la Resolución 201-7826, apenas semanas después de su entrada en vigencia.
Una resolución que nunca logró sostenerse
El texto derogado había generado molestia inmediata. Abogados, médicos, artistas, contadores y otros profesionales liberales denunciaron que la DGI estaba imponiendo cargas burocráticas innecesarias y, peor aún, ignorando de manera frontal el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 17 de julio de 2024, que declaró inconstitucional la imposición obligatoria de la factura electrónica para estas actividades.
Esa sentencia había sido clara: el sector de profesiones liberales quedaba fuera de la obligación de facturar electrónicamente.
Aun así, la DGI intentó reintroducir controles mediante la certificación. El resultado fue una ola de reclamos que terminó arrinconando a la institución.
Gremios al ataque
El Colegio Nacional de Abogados fue uno de los primeros en reaccionar, señalando que la resolución violaba abiertamente el fallo de la Corte y advirtieron que no permitirían “ningún disfraz administrativo” que buscara imponer por la puerta de atrás lo que ya había sido declarado inconstitucional.
La presión fue creciendo. Otros gremios se sumaron, destacando que la medida afectaba el ejercicio profesional y abría la puerta a sanciones injustificadas.
El ambiente se tensó lo suficiente para obligar a la DGI a revisar su posición, esta vez sin el tono desafiante que marcó el anuncio inicial.
La retirada de la DGI
La nueva Resolución 201-7826 reconoce en un tono más diplomático que técnico, que el tema requiere un consenso con los profesionales antes de establecer cualquier método definitivo de facturación.
Es un mensaje claro: la institución no estaba preparada para sostener la resolución anterior y optó por retirarla, desactivando temporalmente el conflicto.
Con la derogatoria, los profesionales liberales ya no deben presentar ninguna certificación ni justificar por qué no utilizan factura electrónica.
El vacío que queda
Aunque la derogación calma los ánimos, no resuelve el fondo del problema. El país se queda sin una guía clara sobre cómo deberán facturar los profesionales liberales en un esquema que cumpla con la ley, respete el fallo de la Corte y al mismo tiempo mantenga control fiscal.
La DGI asegura que llevará el tema a una mesa de diálogo, sin embargo, la incertidumbre ya existe, y no es menor: miles de profesionales trabajan sin claridad normativa mientras el Estado intenta definir su próximo movimiento.
Lo que viene ahora
La discusión no ha terminado. Lo que ocurrió abre una nueva batalla en el terreno tributario: ¿cómo construir un modelo de facturación que no choque con la Constitución, no genere cargas arbitrarias y no deje espacios para la evasión?
Por ahora, lo único seguro es que la DGI tuvo que retroceder ante una presión gremial bien organizada y un fallo judicial imposible de ignorar.
El próximo paso será definir un sistema que no provoque otra tormenta.