Dirigente rechaza auditorías a sindicatos ordenadas por el presidente Mulino
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El dirigente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, expresó su rechazo a las auditorías que el presidente José Raúl Mulino ordenó sobre las organizaciones sindicales, calificando la medida como una violación a la Constitución y una persecución contra el movimiento sindical.
Andrade argumentó que la educación sindical está protegida por la Constitución Nacional y el Código de Trabajo, lo que garantiza a los trabajadores el derecho a conocer y defender sus derechos.
Según el dirigente, el financiamiento de estas actividades proviene del Seguro Educativo, al cual los trabajadores aportan un 1.25% de sus salarios.
“Si se eliminan estos fondos, se le quita a los trabajadores la posibilidad de educarse sobre sus derechos, favoreciendo a los empresarios que constantemente los violan”, afirmó Andrade.
El sindicalista explicó que la ley establece que el 5% del fondo del Seguro Educativo se destina a la educación sindical, mientras que otros sectores también reciben financiamiento, como el Ministerio de Educación (27%), Formación Profesional (14%) y programas de educación continua para el sector privado (3%).
Además, Andrade aseguró que el Ministerio de Trabajo es el encargado de administrar estos fondos y que todas las organizaciones sindicales deben presentar facturas y justificaciones de sus gastos para recibir los reembolsos.
“El proceso siempre ha sido auditado por el Ministerio de Trabajo y la Contraloría. No se desembolsa dinero sin que se justifique con facturas”, señaló.
El dirigente también cuestionó que el presidente Mulino solo ordene auditorías a los sindicatos y no a otros sectores que también reciben fondos del Seguro Educativo.
“No menciona al sector privado ni al Ministerio de Educación. No habla de los préstamos educativos entregados sin control. Es una persecución”, denunció.
Finalmente, Andrade recordó que en el pasado algunos dirigentes sindicales fueron procesados por estos temas, pero las condenas fueron apeladas y desestimadas.
“Esto ya se intentó en el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando Mulino era ministro de Seguridad y Alma Cortés ministra de Trabajo. Lo que dice el presidente demuestra una gran ignorancia”, aseveró.
El líder sindical anunció una marcha en el Parque Porras para el próximo 20 de febrero, donde esperan una masiva participación de trabajadores en rechazo a las auditorías y en defensa de la seguridad social.
“No permitiremos que las pensiones sean reducidas ni que los fondos de la CSS terminen en la banca privada sin garantía de retorno”, concluyó.
Por su parte el abogado y analista Moisés Bartlett dijo que es correcto auditar los fondos del seguro educativo.
El abogado ve con buenos ojos realizar auditorías a los fondos del seguro educativo y a cualquier otro financiamiento que reciben las organizaciones y gremios sindicales, con el fin de garantizar que estos recursos cumplan con sus objetivos de capacitación.
«Es correcto desde nuestro punto de vista que se realicen auditorías a estos fondos para asegurar que se utilicen en la formación de sus miembros y no para otros fines», afirmó Bartlett.
Subrayó que cada centavo del dinero público proviene del esfuerzo de los ciudadanos y que, sin importar si se destina a sindicatos, partidos políticos u otras organizaciones, debe cumplir con su propósito.
«Si se evidencia que estos fondos no se están utilizando correctamente, ya sea en sindicatos u otros gremios, debe caerles el peso de la ley», concluyó Bartlett.