Dos funcionarios de Migración son detenidos por actos de corrupción

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, decretó la medida cautelar personal de detención provisional para un funcionario de una institución migratoria, imputado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos; delito contra la fe pública en la modalidad de insertar información falsa en un documento público, y por alterar información electrónica.

Mientras que a otro funcionario de un estamento de seguridad, también se le aplicó la medida cautelar de detención provisional por el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos, por aceptar, recibir o solicitar dinero. Y a otro ciudadano se le impuso la medida cautelar antes descrita por los delitos contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos.

En esta audiencia de control de garantías efectuada este jueves 12 de diciembre, la juzgadora, tras escuchar los argumentos de los intervinientes, basó su decisión de aplicar las medidas cautelares personales por considerarlas necesarias y proporcionales a la naturaleza del hecho, aunado a los riesgos procesales de peligro de afectar medios de prueba y por el peligro grave que representan para el Estado, por los serios actos de corrupción.

Previamente, se legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos peticionada por el fiscal Anticorrupción Reiniel González. Mientras que la defensa técnica particular de los imputados estuvo a cargo de tres defensores particulares.

En esta audiencia los defensores anunciaron recurso de apelación contra las medidas cautelares personales decretadas por la jueza. En consecuencia, la audiencia fue programada para el próximo 2 de enero, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, ubicado en Plaza Fortuna.

La presente causa penal tuvo su inicio en mayo del año en curso, cuando se presentaron denuncias sobre supuestas irregularidades en la colocación de sellos de entrada y salida del país en algunos pasaportes.