El clientelismo como delito

Por Isabel Atencio

Cuando hablamos de delitos, jamás pensamos en las acciones de los políticos. Aceptamos como normal que estos nombren a sus amigotes, aunque sean unos ineptos, le den los contratos a quienes les pagan la coima o financiaron su campaña, que les paguen salarios que no son congruentes con las responsabilidades ni la función que desempeñan los funcionarios.

Cada año, los gobiernos pagan grandes sumas por demandas por decisiones arbitrarias de funcionarios de alto nivel y ningún funcionario se hace responsable.

Cuando realizan los proyectos, no realizan un estudio para establecer cuál es el mejor uso de los recursos. Es decir, muchos se comportan igual que la delincuencia organizada.

La delincuencia organizada se define como un grupo estructurado de 3 o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. En general, hace alusión al tráfico de drogas, de personas y de armas, y al lavado de dinero además de asesinatos.

Nadie incluye los desaciertos de los gobiernos y el mal uso de los recursos públicos y privados como delitos. Sin embargo, pueden producir igual o más daños entre estos, muertes, enfermedades y sufrimiento de muchas personas, además de erogaciones innecesarias que producen las acciones dolosas de muchos funcionarios.

Estos utilizan el dinero del presupuesto, que pagamos todos, para su beneficio personal sin cumplir con sus obligaciones, priorizando los proyectos que hacen mucho ruido y que ve mucha gente y que además, es muy fácil ocultar los sobrecostos.

El mejoramiento a la educación y a la salud no se ubica en el sitial que merecen porque sus efectos se evidencian en el mediano y largo plazo.

Aunque hemos mejorado, mantenemos serios problemas de salud y educación. Aún la mortalidad infantil y materna es elevada y aunque sabemos de las inequidades en la distribución del ingreso, se han priorizado las obras de infraestructura como la cinta costera, el metro, los puentes entre otras, a las cuales tienen acceso principalmente, los residentes de la capital.

Entonces, si perseguimos a los quienes son parte del crimen organizado, por qué no perseguimos también a quien saquean las arcas públicas, promueven el clientelismo para perpetuarse en el poder, sin importar el costo que ello implica para la sociedad. No hay diferencia entre una conducta y otra.

Sus efectos son igualmente devastadores se encuentran:

• Altos costos a la sociedad por las ineficiencias en el aparato estatal en la oferta de servicios ya que no se contrata a las personas más capacitadas, sino a los amigos o familiares de quienes están en el poder.
• Desalienta la inversión privada y con ello, frena el desarrollo del país.
• Los diputados, representantes y alcaldes se perpetúan en el poder ya que cuentan con ventajas con respecto a quienes no manejan recursos públicos a su antojo.
• Aumenta del descontrol de los recursos públicos.
• Fomenta la corrupción.
• Hace a la sociedad cada día más dependiente. Impide que se empodere y participe de la solución a sus problemas.

Si se hace un análisis objetivo de los efectos de las políticas públicas y el actuar de muchos gobiernos, debiera crearse una ley que castigue a cada funcionario por los costos económicos y sociales que ocasionan, porque al fin y al cabo, forman parte de la delincuencia organizada, aunque no los hayamos incluido en su definición. Para un solo ejemplo, las donaciones de los diputados que sólo en este periodo incluye cerca de 500 millones, sin escrutar mas, como lo son las botellas, los gastos supérfluos, los viajes, etc.