El PIB, la IED y la ley de sustancia económica
Panamá ha construido uno de los modelos económicos más sofisticados de América Latina: una economía basada en servicios internacionales, logística global y captación de capital extranjero.
En ese contexto, tanto la Inversión Extranjera Directa (IED) como los depósitos internacionales colocados en el Centro Bancario Internacional desempeñan un papel decisivo en la estabilidad y expansión del PIB panameño, aunque de maneras distintas.
La IED representa capital extranjero destinado a actividades productivas de largo plazo: bancos, puertos, sedes regionales, telecomunicaciones, energía, bienes raíces o infraestructura. Esa inversión sí impacta directamente el PIB porque crea activos, empleo, construcción, consumo y producción de servicios.
Aunque en 2025 el flujo anual de IED se redujo significativamente, el stock acumulado de inversión extranjera en Panamá continúa siendo extraordinariamente alto en proporción al tamaño de la economía nacional, reflejando décadas de confianza internacional en la plataforma panameña.
Distinto es el caso de los depósitos extranjeros. Técnicamente, el dinero que personas naturales o jurídicas extranjeras transfieren a cuentas bancarias o de inversión en Panamá no constituye IED ni forma parte directa del PIB. Un depósito, por sí solo, no produce bienes ni servicios. Sin embargo, esa conclusión sería superficial si no se comprende el verdadero funcionamiento del modelo financiero panameño.
En Panamá, los depósitos internacionales son el combustible del sistema financiero. Alimentan la liquidez bancaria, fortalecen la capacidad crediticia y sostienen una industria completa de servicios financieros internacionales. El banco que recibe esos fondos genera comisiones, márgenes de intermediación, administración patrimonial, custodia de valores, financiamiento comercial y estructuración corporativa.
Todo ello sí constituye producción económica y, por tanto, sí se incorpora indirectamente al PIB.
Más aún, esos capitales extranjeros generan un poderoso efecto multiplicador sobre el ecosistema profesional panameño. Abogados, fiduciarias, contadores, asesores patrimoniales, casas de valores y agentes corporativos participan activamente en la estructuración y administración de vehículos legales utilizados por clientes internacionales.
En particular, los abogados panameños, actuando como agentes residentes de sociedades anónimas y fundaciones de interés privado, ocupan una posición estratégica dentro del flujo global de capitales hacia Panamá.
Al cierre de 2025, el Centro Bancario Internacional registró US$116,800 Millones en depósitos. US$46,600 Millones (40% de los depósitos), correspondían a extranjeros. El mercado de valores de Panamá ostenta US$44,000 Millones en custodia y US$80,600 Millones en administración.
El mercado de valores es preponderantemente de clientes extranjeros o regionales, conservadoramente, al 85%-90%. Es difícil determinar las cifras aproximadas porque, aunque los depósitos bancarios y cuentas de valores de extranjeros se computan y son parte de estadísticas, no conseguimos un recuento, en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), sobre la cantidad aportada por las sociedades, fundaciones de interés privado y fideicomisos, referenciados por agentes residentes.
Estimamos que podría ser entre US$30,000 Millones y US$40,000 Millones.
El sector legal de abogados agentes residentes ha sido históricamente uno de los grandes catalizadores indirectos del crecimiento financiero de Panamá, desempeñando un rol esencial como arquitectos jurídicos del flujo internacional de capitales hacia Panamá.
La relación es evidente: el abogado estructura la entidad jurídica, asesora al cliente sobre protección patrimonial y planificación transfronteriza, y frecuentemente facilita la vinculación con bancos, fiduciarias y entidades financieras locales. Hay un número plural de abogados agentes residentes que tienen su propia fiduciaria.
Esa interacción termina incentivando la apertura y mantenimiento de cuentas bancarias y de inversión en Panamá, introduciendo divisas al sistema financiero nacional. Aunque esos fondos no se registren estadísticamente como IED, sí expanden la profundidad financiera del país y fortalecen sectores altamente productivos de servicios internacionales.
Estamos a favor de la ley de requisitos de sustancia económica, porque causar presión sobre las megaempresas multinacionales para que se establezcan física y administrativamente en Panamá, podría empujar a decenas de ellas, quizás ya poseedoras de alguna sociedad anónima, de responsabilidad limitada o fundación de interés privado panameñas, a que finalmente aterricen fuertemente en sueño istmeño, con recursos humanos, instalaciones y equipos, sumándose a las empresas multinacionales que de hecho ya están domiciliadas aquí.
No obstante, es necesario enfatizar que, según números aportados por el Registro Púbico de Panamá, existen actualmente unas 222,975 sociedades anónimas vigentes y 39,188 fundaciones de interés privado, sin contar otros instrumentos societarios, que generan más de US$500 millones de dólares anuales a la economía en tasas y servicios, más decenas de miles de millones en depósitos y cuentas; y entre 4,500 y 7,000 personas trabajando con abogados en actividades vinculadas al sector societario y marítimo.
Los requisitos excesivos de sustancia económica podrían hacer perder este inventario.
En otras palabras, Panamá no solo exporta logística o servicios canaleros; también exporta arquitectura financiera, legal y corporativa. Y es precisamente esa convergencia entre capital extranjero, banca internacional y servicios profesionales especializados de abogados lo que convierte al país en uno de los hubs financieros más relevantes del hemisferio occidental.
Ramsés Owens
Abogado y CPA