El proceso electoral de la UP fue transparente y democrático
Recientemente se publicó en diferentes medios la noticia sobre la presentación de una querella penal por presunto fraude en las elecciones de la Universidad de Panamá lo que ha reavivado el debate en torno al proceso mediante el cual fue electo el nuevo rector. Si bien toda denuncia debe ser investigada por las autoridades competentes y todo candidato tiene derecho a utilizar los recursos legales previstos, también es indispensable que el análisis público se sustente en hechos verificables y en la normativa vigente, evitando conclusiones anticipadas que puedan afectar la confianza en las instituciones universitarias.
El proceso electoral fue supervisado por el Organismo Electoral Universitario, cuyo presidente Rufino Fernández afirmó que la elección se desarrolló con transparencia y estricto apego al Reglamento General de Elecciones. El escrutinio oficial reflejó una diferencia amplia entre las candidaturas, otorgando al profesor Emilio Moreno alrededor del 56 % de los votos, mientras que la candidata Migdalia Bustamante obtuvo aproximadamente el 18 %, una ventaja que representa miles de votos de diferencia y una expresión clara de la voluntad mayoritaria de la comunidad universitaria.
En medio de la controversia también resulta pertinente aclarar un aspecto que ha generado interpretaciones erróneas. Algunas versiones difundidas han pretendido vincular a Saulo Aizprúa con la administración tecnológica del proceso electoral. Sin embargo, Aizprúa no se encontraba al frente de la Dirección de Información y Tecnología de la Universidad de Panamá durante las elecciones, pues se había separado de ese cargo para participar como candidato al Decanato de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. En consecuencia, atribuirle responsabilidades sobre la operación de esa dirección durante el proceso electoral carece de sustento fáctico.
La impugnación presentada se refiere exclusivamente a cuatro votos de estudiantes de la Extensión Universitaria de Soná. Incluso si esos votos fueran reconocidos a favor de la parte impugnante, el resultado final permanecería inalterado. El propio Reglamento General de Elecciones Universitarias establece que los recursos deben tener la capacidad de incidir en el resultado para prosperar, condición que, según el comunicado difundido por diversos sectores universitarios, no se cumple en este caso.
La democracia universitaria se fortalece cuando se respetan tanto el derecho a impugnar como la decisión expresada por las mayorías. Corresponderá a las autoridades competentes resolver las acciones legales presentadas, pero mientras ello ocurre, la Universidad de Panamá merece que el debate público se desarrolle con responsabilidad, respeto a la presunción de inocencia y apego a los hechos comprobables. La transparencia del proceso, la amplitud de la diferencia electoral y el trabajo de los organismos electorales constituyen elementos que respaldan la legitimidad del resultado y la necesidad de preservar la institucionalidad universitaria.
Quienes representan la academia y aspiran a dirigir la máxima casa de estudios del país, deben basar su campaña en propuestas, rechazar las campañas de descalificación, respetar la voluntad popular y por último mantener la senatez, no debe existir cabida a la maledicencia.
Jean Carlos González
Comunicador Social