Endurecen penas por hurto pecuario: cárcel de hasta 12 años y castigo a redes criminales
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El Gobierno promulgó este jueves la Ley 532 de 2026, que modifica el Código Penal para endurecer las sanciones contra el hurto pecuario y las organizaciones dedicadas a este delito, una de las principales preocupaciones del sector ganadero del país.
La nueva legislación establece que quien se apodere de una o más cabezas de ganado, ya sea que estén sueltas, amarradas o estabuladas en fincas, corrales o caballerizas, será sancionado con penas de prisión de seis a ocho años.
La misma sanción recaerá sobre quienes promuevan, financien, faciliten, colaboren o inciten la comisión del delito, así como sobre quienes adquieran o comercialicen ganado hurtado o sus productos con conocimiento de su procedencia ilícita.
La ley también ordena aumentar la pena entre un tercio y la mitad cuando el robo se realice mediante la destrucción o forzamiento de cercas, puertas o corrales; cuando se alteren o eliminen los ferretes de identificación de los animales; o cuando participen capataces, cuidadores, trabajadores de fincas, socios o copropietarios de las explotaciones ganaderas.
Entre las agravantes incluidas destacan el sacrificio clandestino de los animales, su traslado a mataderos o subastas ganaderas, la falsificación u omisión de las guías de transporte y la comisión del delito durante estados de emergencia, pandemias, guerras o desastres naturales.
La norma también agrava las sanciones cuando intervengan servidores públicos, cuando se sustraigan más de cinco cabezas de ganado o cuando el valor de los animales robados supere los 5 mil balboas.
Asimismo, contempla castigos más severos si el hecho ocurre de noche, si los animales poseen alto valor genético o reproductivo, si se alteran los dispositivos electrónicos de trazabilidad o si los ejemplares estaban bajo tratamiento veterinario, generando riesgos para la salud pública.
En materia de delincuencia organizada, la Ley 532 modifica el artículo 329 del Código Penal para sancionar con prisión de tres a cinco años a quienes se concierten para cometer delitos.
Sin embargo, cuando la asociación tenga como finalidad cometer homicidio, secuestro, extorsión, hurto pecuario, narcotráfico, blanqueo de capitales, trata de personas, terrorismo o tráfico de armas, la pena aumentará de seis a doce años de prisión.
Con esta reforma, el Estado busca golpear no solo a quienes ejecutan el robo de ganado, sino también a las estructuras que financian, facilitan y comercializan los productos provenientes de esta actividad ilícita, considerada una de las principales amenazas para la producción pecuaria nacional.