Estar detenido no implica perder la condición de ser humano ni el respeto a su dignidad, Sistema Penitenciario requiere una transformación integral

El jurista Juan Carlos Arauz, ex presidente  del Colegio Nacional de  Abogados,  considera que cualquier transformación debe ir mucho más allá de construir nuevas instalaciones o remodelar las existentes. A su juicio, el país necesita replantear por completo la forma en que administra su sistema penitenciario, comenzando por fortalecer la carrera penitenciaria y profesionalizar al personal encargado de la custodia y tratamiento de la población privada de libertad. Explicó que uno de los principales desafíos consiste en garantizar una adecuada formación, supervisión y especialización de quienes trabajan dentro de los centros penales, debido a que son ellos quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden, pero también de contribuir al proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Arauz sostiene que otro de los aspectos que requiere atención inmediata es la clasificación de los internos. Considera que el Estado debe contar con mecanismos más eficaces para separar a la población penitenciaria de acuerdo con su nivel de riesgo, perfil criminológico y necesidades particulares, evitando que personas condenadas por delitos menores convivan con privados de libertad de alta peligrosidad o integrantes de organizaciones criminales.

El abogado también plantea la necesidad de incorporar mayores herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad y la gestión administrativa de los centros penitenciarios, aunque advierte que la tecnología, por sí sola, no resolverá los problemas estructurales que durante años han limitado el funcionamiento del sistema. A su juicio, la verdadera transformación pasa por consolidar programas permanentes de educación, capacitación laboral, atención psicológica, salud mental y rehabilitación que permitan ofrecer oportunidades reales de reinserción social una vez las personas recuperen su libertad. Según Arauz, la política penitenciaria debe asumirse como una política de Estado y no como una respuesta temporal frente a las crisis que periódicamente se presentan dentro de los centros penales.

Argumenta que la seguridad ciudadana no depende exclusivamente del endurecimiento de las penas, sino también de la capacidad institucional para reducir los índices de reincidencia mediante procesos efectivos de rehabilitación.

Una visión similar mantiene el abogado penalista Víctor Chan Castillo, quien sostiene que el país necesita abandonar la idea de que el sistema penitenciario únicamente debe servir para mantener personas detenidas. En su criterio, la función de las cárceles también debe orientarse a transformar la conducta de quienes cumplen una condena mediante procesos de resocialización que les permitan reincorporarse a la sociedad con herramientas para desarrollar un proyecto de vida alejado del delito.

Para lograr ese objetivo, Chan Castillo considera indispensable ampliar los programas educativos y de rehabilitación dentro de los centros penitenciarios, además de fortalecer el equipo interdisciplinario encargado del seguimiento de los privados de libertad. Asegura que el sistema requiere más psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales y especialistas capaces de atender las distintas problemáticas que enfrenta cada interno durante el cumplimiento de su condena. El jurista también coincide en que la clasificación de la población penitenciaria constituye uno de los principales retos del sistema. Explica que una adecuada segmentación permite brindar tratamientos diferenciados, mejorar la seguridad interna y aumentar las posibilidades de éxito de los procesos de resocialización.

Para este penalista,  otro aspecto que no puede seguir postergándose es la actualización del marco legal que regula el sistema penitenciario. Recordó que la Ley 55 de 2003, que organiza el Sistema Penitenciario Nacional, fue aprobada hace más de dos décadas y, pese a los cambios experimentados por el país en materia de criminalidad, prácticamente no ha sido objeto de reformas profundas.

Sostiene que  las modalidades delictivas, el perfil de quienes ingresan a prisión y los desafíos que enfrenta la administración penitenciaria son completamente distintos a los existentes hace más de veinte años, razón por la cual considera indispensable revisar la legislación vigente para adecuarla a la realidad actual. «El tiempo cambió, los delitos cambiaron y las conductas también. La ley debe actualizarse», manifestó el penalista.

Chan Castillo también llamó a revisar la política criminal del país y analizar las causas que han provocado el crecimiento sostenido de la población penitenciaria. Considera necesario evaluar si las estrategias implementadas han estado enfocadas únicamente en aumentar el número de personas privadas de libertad o si realmente han contribuido a disminuir la delincuencia.

Incluso planteó la conveniencia de comparar el comportamiento de la población penitenciaria antes y después de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, con el propósito de determinar qué factores han incidido en el incremento del número de detenidos y si las respuestas institucionales han privilegiado el encarcelamiento por encima de las políticas de prevención.

Las condiciones en las que algunos privados de libertad son presentados durante las audiencias virtuales constituyen otro de los aspectos que ha despertado preocupación entre especialistas en derecho, luego de que abogados penalistas denunciaran que en diversos casos los internos comparecen ante los jueces vistiendo pantalones cortos u otras prendas que, a su juicio, no son apropiadas para un acto judicial.

Para el jurista Juan Carlos Arauz, la privación de libertad no implica la pérdida de la dignidad humana ni de los derechos fundamentales que conserva toda persona, salvo aquellos que hayan sido restringidos por la sentencia. En ese sentido, sostiene que corresponde al Estado garantizar que cada comparecencia judicial, incluso cuando se realiza mediante videoconferencia, se desarrolle bajo condiciones que respeten la dignidad del privado de libertad y aseguren el ejercicio pleno de su derecho de defensa.