Estiman que se han perdido más de 30 mil empleos por el cierre de la minera

Una pérdida de más de 30 mil puestos de trabajo provocó el cierre de Minera Panamá, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que estima que el desempleo subirá en 1.5% por la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional su operación.

Para el consultor Laboral, ingeniero René Quevedo, un aumento de 1.5% en la tasa de desempleo, en una Población Económicamente Activa (PEA) de 2,094,241 personas (INEC, agosto 2023), representa una pérdida de 31,413 empleos, lo cual complica el incierto panorama laboral del país.

Este efecto sobre el empleo es consistente con experiencias recientes. Explicó que con la culminación de los trabajos de Ampliación del Canal ($5,500 millones de inversión) se perdieron 64,571 empleos (2014-2019), 43,012 de ellos directos (Construcción) y 21,559 indirectos e inducidos, en áreas como agricultura, industria, comercio, así como actividades profesionales y técnicas.

Dado el mayor nivel de inversión de la operación minera ($10 mil millones), era previsible que la pérdida de empleo indirecto e inducido del ecosistema minero sería do emayor al de la ampliación del Canal, señaló.

De hecho, según fuentes de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), en el primer trimestre 2024, las ventas en los restaurantes han bajado entre 15 y 20% en comparación al año pasado, fenómeno directamente asociado al mayor nivel de incertidumbre.

A la estimación del Mitradel, de acuerdo con Quevedo, se agregan a la cadena de malas noticias económicas luego del Fallo de Inconstitucionalidad de la CSJ en relación al Contrato Minero, la pérdida del Grado de Inversión de la deuda soberana panameña, anunciado por Fitch Ratings, a través de un informe donde hace referencias recurrentes al deterioro de la gobernabilidad y la crisis minera de octubre-noviembre 2023 como aspectos determinantes en su decisión.

La pérdida de confianza en el clima para la inversión privada en el país ha ocasionado una drástica caída en los niveles de Inversión Extranjera Directa (IED). Según el INEC, el flujo de IED en el año 2023 fue de $2,014.6 millones, es decir, 30.7% menos que en 2022 y un poco más de la mitad de lo recibido en el 2019 ($3,895 millones). De hecho, el promedio anual de flujo de IED entre el 2014 y 2019 fue de $4,400 millones/año.

A la pérdida del Grado de Inversión se agrega que en el 2024 no se recibirán los $375 millones de la mina, el Canal estará aportando $700 millones menos al Fisco (debido a la sequía) y la crisis del Programa de IVM se agravará.

A corto plazo, existe una severa crisis de liquidez en la economía, inducida por factores como: la deuda del Gobierno Nacional con proveedores ($1,700 millones) y la reducción de $2,700 millones en nuevos financiamientos bancarios al sector productivo en relación al 2019, planteó el experto.

Haciendo un ejercicio de “matemática simple”, se necesita inyectar por lo menos $4,400 millones a la economía urgentemente ($1,700 + $2,700). Si agregamos el déficit de IED 2019-2023 (unos $1,900 millones) estamos hablando de $6,300 millones de inversión productiva.

Mitigar el impacto laboral del cierre de la mina requerirá inyectar liquidez a la economía, pagando la deuda que el Gobierno mantiene con sus proveedores ($1,700 millones) y transmitiendo confianza al sector privado para la canalización de financiamientos bancarios, que son “el aceite del motor de la economía”.

De igual manera, urge mejorar la gobernabilidad en el país, que se ha convertido en un factor de riesgo crediticio, para recuperar los niveles de flujo de IED del quinquenio pasado.

En otras palabras, para generar empleo y recuperar el Grado de Inversión, necesitamos tener un país en paz.