FENASEP alerta que reformas a la Carrera Administrativa suponen un retroceso y violan derechos de los servidores públicos
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Las reformas a la Ley de Carrera Administrativa presentadas por el Órgano Ejecutivo han encendido las alarmas en la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), que advierte que el nuevo proyecto no solo se aparta de los acuerdos construidos durante meses de diálogo, sino que también contiene disposiciones que considera inconstitucionales y perjudiciales para la estabilidad laboral en el Estado.
Así lo afirmó Augusto Berrocal, director de Asesoría Jurídica de FENASEP, quien señaló que lo que hoy se discute en la Asamblea Nacional dista mucho de la propuesta original impulsada por el diputado Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos, que buscaba crear un ente independiente para administrar el recurso humano estructural del Estado, sin contaminarlo con los vaivenes del cambio gubernamental.
“Lo que se está haciendo no es lo que se quería en un principio. La idea era un nuevo ente público que administrara el recurso humano de estructura, no los nombramientos políticos que por Constitución corresponden al Ejecutivo, ni los del Judicial o el Legislativo, que tienen reglas propias”, explicó Berrocal.
El dirigente subrayó que la iniciativa original fue trabajada durante más de cinco meses en una mesa técnica donde participaron representantes del Legislativo, la Procuraduría, la administración pública, la academia, la empresa privada y la Dirección General de Carrera Administrativa (DIJECA), con el objetivo de construir un marco equilibrado.
Sin embargo, según FENASEP, el proyecto que finalmente presentó el Ejecutivo ignora buena parte de esos consensos. “Esta propuesta no tiene nada que ver con lo que se discutió. Va en contra de muchas cosas acordadas y contiene elementos inconstitucionales que afectan directamente a los trabajadores”, sostuvo.
Entre los puntos que más preocupan a la federación están las limitaciones a la organización sindical dentro del sector público. Berrocal cuestionó que solo ciertos funcionarios “acreditados o encargados” puedan ser miembros de asociaciones o sindicatos, lo que, a su juicio, viola derechos fundamentales.
“Eso es totalmente inconstitucional. El derecho de asociación no puede ser restringido de esa manera dentro del servicio público”, afirmó el asesor jurídico.
Otro foco de conflicto es la movilidad laboral. FENASEP advierte que el proyecto pretende alterar las reglas de traslados ya establecidas, afectando la estabilidad de funcionarios que hoy están protegidos por la Carrera Administrativa.
“Cuando ya está definida la figura del traslado, ahora quieren cambiarla y con eso afectan a los trabajadores. No se puede jugar con la estabilidad como si fuera una ficha política”, indicó Berrocal.
La federación también rechaza cualquier intento de afectar a servidores públicos pensionados que continúan laborando. Berrocal recordó que desde 2005 se estableció que no es obligatorio que un trabajador pensionado deba renunciar o ser separado del cargo.
“Quieren tocar a trabajadores ya pensionados, y eso es inconstitucional. Esa norma se cambió hace más de veinte años y no puede retrocederse en derechos adquiridos”, puntualizó.
Para FENASEP, el proyecto de ley 390 presentado por el Ejecutivo contiene “infinidad de situaciones” que no solo debilitan la Carrera Administrativa, sino que generan inseguridad jurídica dentro del aparato estatal.
Berrocal sostuvo que la organización no cuestiona la buena intención del diputado Zúñiga, quien promovió la iniciativa original, pero sí el giro que dio el Ejecutivo al texto consensuado.
“El diputado tuvo la iniciativa y lo respetamos. Pero el Ejecutivo tomó lo que se estaba construyendo y lo transformó en algo totalmente distinto, en contra de los trabajadores”, afirmó.
Según explicó, todavía quedaban temas por afinar en primer debate dentro de la Asamblea, pero el documento entregado por el Ejecutivo “rompió” con la lógica del diálogo previo.
“Habíamos mandado un borrador bastante orquestado, con puntos acordados, aunque faltaban detalles. Y lo que vino fue totalmente cambiado. Eso hace sentir que tanto el Legislativo como las organizaciones estamos siendo tomados de burla”, expresó.
El dirigente alertó que, en un contexto ya tenso para los servidores públicos, estas reformas representan un retroceso institucional.
“Cuando usted lee ese proyecto y ve la situación real de los trabajadores del sector público, se da cuenta de que es un retroceso grande, antioperativo y sin una explicación clara”, señaló.
Para FENASEP, detrás del nuevo enfoque de la reforma podría esconderse el resurgimiento del clientelismo político dentro del Estado.
“Creemos que lo que se está abriendo es espacio para el clientelismo político galopante y rampante que hemos tenido en estos tiempos”, advirtió Berrocal.
La federación anunció que seguirá vigilante del trámite legislativo y no descarta elevar sus observaciones ante la Asamblea Nacional y otras instancias, con el objetivo de frenar cualquier reforma que, a su juicio, debilite la Carrera Administrativa y la protección de los servidores públicos.