Figura del querellante debe darse con responsabilidad y respetando el debido proceso
Juristas opinan sobre la nueva figura del querellante del Estado
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La creación de una oficina encargada de representar al Estado como querellante en los procesos penales ha generado diversas opiniones entre juristas panameños, quienes coinciden en la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar la correcta aplicación de la ley.
El abogado Moisés Bartlett destacó que el país debe priorizar el fortalecimiento de las instituciones ya establecidas por la Constitución, en lugar de crear estructuras paralelas que puedan superponer funciones.
“El país requiere fortalecer las instituciones reconocidas y reguladas por la Constitución Nacional”, subrayó.
Bartlett explicó que el Ministerio Público ya cuenta con las facultades necesarias para ejercer la acción penal, tal como lo establece el Código Procesal Penal, y que cada ministerio o entidad pública tiene la obligación a través de sus propios abogados de presentarse como querellante cuando se lesionen los intereses del Estado.
“Cada institución tiene su plantilla de abogados, y el ministro o cabeza de la institución está en la obligación jurídica de cumplir con este deber”, señaló.
El jurista sostuvo que el problema no radica en la ausencia de figuras procesales, sino en la necesidad de que las investigaciones sean más efectivas, con el debido respaldo probatorio y sin presiones mediáticas.
“Hasta este momento, no veo que el Ministerio Público busque enterrar casos; lo que ocurre es que las investigaciones por corrupción son complejas y deben realizarse con rigor para no afectar derechos”, advirtió.
Bartlett insistió en que el tema de fondo es comunicacional: “Hay que educar a la población para que comprenda que las investigaciones toman tiempo y requieren prudencia y legalidad”.
Por su parte, la abogada Nora Santa manifestó reservas frente a la nueva figura, señalando que podría generar una duplicidad de funciones con el Ministerio Público y otras entidades ya competentes en materia de control y fiscalización.
“Eso es una dualidad de funciones que choca con las del Ministerio Público, cuya labor es perseguir el delito. Crear una figura querellante estatal podría terminar siendo más burocracia que solución”, indicó.
Santa consideró que el verdadero problema radica en los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, los cuales, en su opinión, deberían ampliarse o incluso declararse imprescriptibles.
“No necesitamos más leyes anticorrupción, sino aplicar las que ya existen y asegurar que los funcionarios respondan con su patrimonio si resultan involucrados en actos ilícitos”, enfatizó.
En tanto, el abogado Luis Fuentes Montenegro hizo un llamado a la prudencia y al análisis técnico frente a la creación de la Unidad Coordinadora Legal, adscrita al Ministerio de Gobierno, que contempla la participación del Estado como querellante.
“Debe verse con lupa. Aunque la iniciativa tiene fundamento legal, su aplicación debe hacerse con responsabilidad para evitar interpretaciones indebidas”, afirmó.
Fuentes Montenegro advirtió que el nuevo organismo podría duplicar funciones ya asignadas a los asesores legales de las instituciones estatales, lo que implicaría un gasto adicional de recursos públicos.
“Hay que cuidar que no se convierta en una entidad con fines políticos o de apoyo excesivo al oficialismo. Su labor debe centrarse en la defensa del interés público”, puntualizó.
El abogado reconoció que la figura puede resultar positiva en los casos donde estén comprometidos fondos del Estado, pero siempre que existan mecanismos claros de control y rendición de cuentas.
“Toda actuación del Estado debe estar guiada por la proporcionalidad y el respeto al debido proceso. El objetivo no puede ser castigar, sino procurar justicia de manera equilibrada y transparente”, concluyó.