Fiscalía pidió cárcel, pero jueza concede arresto domiciliario a exsecretaria general de la Contraloría
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La exsecretaria general de la Contraloría General de la República, Zenia Vásquez, permanecerá bajo arresto domiciliario mientras avanza la investigación que adelanta el Ministerio Público por un presunto enriquecimiento injustificado que supera el millón y medio de dólares.
La decisión fue adoptada por una jueza de garantías durante una audiencia celebrada este viernes, en la que se legalizó la aprehensión de la exfuncionaria y se admitió la formulación de cargos presentada por la Fiscalía.
De acuerdo con la fiscalia la investigación se sustenta en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República que detectó bienes, cuentas bancarias y sociedades que, presuntamente, no guardan relación con los ingresos percibidos por Vásquez durante su paso por la institución.
La representante del Ministerio Público explicó que inicialmente se identificó un incremento patrimonial cercano a los 777 mil dólares; sin embargo, un informe de auditoría fechado el 5 de febrero establece que existirían alrededor de 1.6 millones de dólares que no habrían sido justificados.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de detención provisional, argumentando la gravedad de los hechos investigados. No obstante, la jueza optó por imponer arresto domiciliario, acompañado de otras restricciones.
Además del depósito domiciliario, Vásquez deberá entregar su pasaporte, tiene prohibido salir del país y deberá reportarse dos veces por semana, los lunes y viernes, ante las autoridades correspondientes.
La audiencia se realizó de forma reservada a petición de la defensa, por lo que los medios de comunicación no tuvieron acceso al desarrollo de las discusiones dentro de la sala.
Según explicó la defensa al término de la diligencia, parte de la diferencia patrimonial señalada por la auditoría estaría relacionada con la adquisición de una propiedad en el sector de Santa María.
Los abogados sostienen que podrán demostrar el origen de los fondos observados por las autoridades y rechazan que exista enriquecimiento injustificado.
Por su parte, la Fiscalía informó que evaluará la decisión judicial y no descartó presentar una apelación contra las medidas cautelares impuestas, al considerar que la detención provisional era la medida más adecuada para garantizar los fines del proceso.
La investigación se mantiene en etapa inicial y busca determinar si el patrimonio acumulado por la exfuncionaria durante el período 2019-2024 tiene sustento legal o si existen elementos que configuren el delito de enriquecimiento injustificado.