Fiscalía tiene seis meses para probar enriquecimiento injustificado de Meneses
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Tras la imputación formal por el delito de enriquecimiento injustificado, el Ministerio Público cuenta ahora con un plazo legal de seis meses para concluir la investigación contra el exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses.
Así lo explicó Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, quien detalló que este término es fatal según el Sistema Penal Acusatorio, salvo en casos calificados como causas complejas, lo cual no aplica en este proceso.
Durante la audiencia de solicitudes múltiples realizada este martes, Araúz indicó que el objetivo inicial era controlar la legalidad de la aprehensión.
Una vez verificado que la aprehensión era legal, correspondía al Ministerio Público formular la imputación de cargos y sustentar los elementos que vinculan a Meneses con el delito.
“La detención provisional no implica culpabilidad. Se refiere únicamente a los riesgos que, según la Fiscalía, representa el imputado en libertad para la investigación, como acceso a testigos o posibles pruebas”, recalcó Araúz, subrayando que la medida debe ser proporcional y razonada.
La defensa de Meneses apeló la medida de detención provisional, medida que dentro del catálogo es la más severa, mientras que otras más blandas van desde notificaciones periódicas hasta prohibición de salida del país.
El Ministerio Público sustentó su petición de detención argumentando que Meneses no ha podido justificar aproximadamente 419 mil dólares en su patrimonio, además de movimientos financieros inusuales que generaron alertas en bancos privados. También se mencionó su salida del país en marzo pasado como un indicio de posible riesgo de fuga.
Araúz fue enfático en señalar que la imputación presentada es exclusivamente por enriquecimiento injustificado y no guarda relación directa con la indignación ciudadana sobre el otorgamiento desigual de auxilios económicos.
“La gente puede estar confundida, porque la crítica social apunta a cómo se entregaban los auxilios, pero este proceso penal es por un presunto aumento patrimonial indebido mientras ejercía el cargo”, explicó.
El abogado agregó que, si bien la sociedad mantiene un reclamo permanente sobre la desigualdad en el acceso a beneficios, el proceso penal no resolverá esa inconformidad.
“Cada vez que el Ministerio Público tenga la convicción de que hay un delito, debe presentar una nueva imputación. Hoy, el proceso es solo por enriquecimiento injustificado”, afirmó.
Durante su intervención final en la audiencia, Meneses se declaró inocente, calificó el caso como un proceso político en su contra y negó tener cuentas en Colombia. Alegó que su viaje al extranjero fue para prepararse académicamente y no para evadir la justicia.
Con esta imputación formal, la Fiscalía queda obligada a concluir su investigación en seis meses, presentando pruebas sólidas antes de vencido el término, de lo contrario, la defensa podría solicitar la nulidad o la revisión de la medida cautelar.
Araúz concluyó que la sociedad debe entender que este proceso se enmarca estrictamente en las normas penales y no en la valoración ética o política que la ciudadanía exige ante la crisis de confianza en las instituciones públicas.
El escándalo de los auxilios económicos del IFARHU ocurrió durante la administración de Laurentino Cortizo, cuando informes revelaron que estudiantes con alto poder adquisitivo, figuras públicas e hijos de políticos recibían becas o préstamos de la institución mientras miles de estudiantes de escasos recursos quedaban sin apoyo.
Las investigaciones periodísticas mostraron que, en muchos casos, los beneficiarios no cumplían los requisitos de necesidad económica exigidos por ley.