Fuerte caída del consumo y marco regulatorio asfixiante golpean a planteles educativos particulares
Lo que está ocurriendo en el sector educativo particular donde unos 20 colegios privados anunciaron el cierre escolar para este año 2025 y otros 20-25 harán lo mismo en el 2026, ante niveles de morosidad entre 50% y 60%, no es consecuencia de eventos fortuitos, sino de la fatal coincidencia de una fuerte caída del consumo (particularmente en las Provincias de Panamá y Panamá Oeste) y un marco regulatorio de coarta las posibilidades de que estas instituciones tengan un flujo de caja saludable que les permita hacer frente a sus obligaciones financieras, reveló a La Verdad Panamá, el ingeniero René Quevedo, consultor en temas laborales.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el primer semestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó en 4.4%, pero las recaudaciones de ITBMS fueron 11% inferiores a las del mismo período del 2024. Es decir, en los 6 primeros meses de este año hubo $128 millones mensuales menos de consumo que en la primera mitad del año pasado.
Explica Quevedo que la contracción del consumo empezó en la segunda mitad del 2024, cuando ya las recaudaciones de ITBMS cayeron 6% en comparación al 2023, directa consecuencia del cierre minero y la pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings en marzo 2024.
Entre agosto 2023 y octubre 2024, Panamá y Panamá Oeste perdieron en conjunto 125,010 empleos, eliminando 71% de los empleos generados en ambas Provincias por la Ampliación del Canal entre el 2009 y 2014 (177,274).
En ese lapso, la masa salarial en Panamá y Panamá Oeste (trabajadores formales) se redujo en $60,221,020 mensuales de poder de compra, representando 47% de la contracción del consumo a nivel nacional ($128 millones mensuales).
A esto se agregó, según Quevedo, una fuerte reducción del gasto discrecional en la economía, es decir, lo que las familias dedican a rubros no esenciales (como comida y medicinas). La caída del 12% en el consumo de cerveza y 10% en el consumo de bebidas gaseosas son claros síntomas del fenómeno, lo cual tuvo fuertes repercusiones en el Comercio, Actividades Financieras, Hoteles y Restaurantes, Actividades Inmobiliarias y Educación.
En la Provincia de Panamá, muchas familias sacaron a sus hijos (as) de escuelas privadas para inscribirlos en escuelas públicas, o simplemente dejaron de pagar sus cuotas, ocasionando la pérdida de 6,349 empleos formales en entidades de enseñanza privadas.
En este contexto, la entrega de los créditos educativos es la única garante del servicio que ofrecen estas entidades de enseñanza.
Al anularse esta condicionante (Ley 285 del 2022, Artículo 47), hay padres que sólo han abonado matrículas escolares y no han pagado ninguna de las cuotas del año, pero al final del período lectivo se tienen que entregar obligatoriamente los créditos.
Los resultados los estamos viendo de manera clara, contundente y verificable: morosidad insostenible, asfixia financiera y quiebra.
Indicó el especialista que entre agosto 2023 y octubre 2024, 7,139 empleos formales en entidades privadas de enseñanza (incluyendo colegios) desaparecieron, 28% de su fuerza laboral y casi el doble de los empleos perdidos como consecuencia de la pandemia (3,817). 87% de estos trabajadores desempeñaban funciones de nivel técnico y profesional.
9 de cada 10 empleos perdidos se dieron en las Provincias de Panamá y Panamá Oeste. 58% de la contracción se dio en entidades con más de 50 empleados.
La tendencia va a continuar. Esta “tormenta perfecta” hace prever una aceleración de la migración de estudiantes hacia un sistema público colapsado y que no puede recibir un alumno más.
La crisis también pone en evidencia graves contradicciones en el marco de políticas públicas alrededor de la inversión privada en un área prioritaria para el país, como es la educación, cuyo sistema público está absolutamente desbordado.
Por sublimes que sean los propósitos de una Ley que involucra inversiones privadas, sus impactos económicos deben ser sopesados antes de su promulgación, a fin de evitar que el “remedio” termine costando más que la enfermedad.