Funcionarios del Canal de Panamá son querellados por supuesto abuso de autoridad
Los directivos del Proyecto Librada Corrales presentaron una querella penal en contra de funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por la posible comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
La disputa que mantienen los directivos del Proyecto Librada Corrales en contra de dos funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá y la misma institución, llega a los juzgados por medio de la firma Forense Jaén y Asociados donde piden en una acción civil, la suma de 3 millones de dólares por los perjuicios ocasionados a los Directivos del proyecto.
Lisbeth Karina Vergara Pinto, de la División de Políticas y Protección Ambiental, funcionaria de la ACP y Franklin A. Bell Vicepresidente de Asesoría Jurídica son los querellados penalmente por el representante legal de los directivos del Proyecto, abogado Valentín Jaén en concepto de la posible comisión de delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, luego de negar una certificación de uso de suelo para la extracción de minerales no metálicos.
El monto por el que estos funcionarios son querellados según el representante legal Jaén, responden a los perjuicios causados a los directivos del proyecto Henry Cedeño y Librada Corrales Caballero; por el impedimento de que estos puedan recibir ganancias de la concesión minera solicitada, la serie de gastos realizados para que se le otorgue dicha concesión y gastos para mantenerse elegible para la misma, además del valor de los trabajos de movimiento de tierra y de adecuaciones, tales como la construcción de caminos y honorarios de abogados en que se ha incurrido para obtener la concesión minera solicitada.
Asimismo, el abogado Valentín Jaén en los próximos días presentará una querella penal en contra de Eduardo Rivera, asesor legal de la Contraloría General de la República por el supuesto delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, así como una demanda a la ACP por daños y perjuicios.
